Por Redacción
León, 03 de septiembre de 2026.- El parlamento de Nicaragua, leal a Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, aprobó en la noche del 1 de septiembre una enmienda constitucional que extiende su mandato por un año más, de seis a siete años. Como resultado de esta decisión, se eliminó la elección programada para noviembre de 2026 y se pospusieron las próximas comicios hasta 2028.
La sesión legislativa se celebró en León, en el oeste de Nicaragua, al pie de la catedral colonial donde descansan los restos del poeta Rubén Darío. Durante el proceso, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, invocó repetidamente al poeta para justificar las reformas. Entre los cambios aprobados destaca la incorporación a la Constitución de la exclusión de la oposición, prohibiendo el acceso a cargos públicos o liderazgos de partidos a cualquier persona que el régimen considere vinculada a intentos de golpe, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o actos contra la soberanía, así como a aquellos etiquetados como ‘traidores a la patria’.
El texto aprobado establece que ‘los mandatos de las autoridades elegidas por voto popular en las últimas Elecciones Generales, Municipales y Regionales vigentes se extienden a siete años’. La enmienda también aplica esta extensión de siete años a los jefes del ejército y la policía, y otorga al Consejo Supremo Electoral mayores poderes para cancelar partidos y sancionar candidatos por presuntas violaciones de la soberanía.
Al tratarse de una enmienda constitucional, la medida requiere ratificación en dos sesiones legislativas; la segunda está programada para el 18 de enero de 2027, según informó Murillo. Además, la reforma traslada la toma de posesión presidencial del 10 de enero, fecha vinculada al asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro, al 18 de enero, en homenaje a Rubén Darío.
Esta acción se produce después de 45 días de incertidumbre desencadenada por la propuesta de Ortega del 19 de julio de abolir permanentemente las elecciones, representando un retroceso respecto a esa amenaza de desmantelar definitivamente el sistema electoral. La medida repite una ejecución similar a la de 2025, cuando los diputados aprobaron una enmienda previa para establecer la ‘copresidencia’ y extender el mandato de cinco a seis años.
Juan Diego Barberena, abogado opositor en el exilio, declaró que la reforma ‘impide que el pueblo de Nicaragua pueda elegir libremente, porque solo podrán elegir entre las opciones de la dictadura, las opciones que el grupo en el poder considere elegibles para participar en una elección’.
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