Por Redacción
Tamaulipas, 03 de agosto de 2026.- El homicidio de Dafne Zapata, una adolescente de trece años, ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, ha detonado una reflexión sobre la violencia en este tipo de instituciones. Emilio Ulloa indicó que este hecho pertenece a la categoría de tragedias que “obligan a un país entero a preguntarse cómo fue posible que el Estado permitiera durante años la existencia de instituciones donde la violencia podía presentarse como un método educativo”.
De acuerdo con la información disponible, la Secretaría de Educación Pública nunca autorizó la modalidad educativa de academias militarizadas, ni conforme a la Constitución ni a la Ley General de Educación. A pesar de ello, Ulloa señaló que “durante décadas, numerosas academias privadas vendieron a miles de familias una promesa seductora: convertir adolescentes ‘rebeldes’ en jóvenes responsables mediante una formación inspirada en la vida castrense”.
La investigación sobre la muerte de Dafne reveló testimonios que describen prácticas reiteradas más allá de un hecho aislado. Según Ulloa, estos relatos hablan de “golpes, castigos extremos, ejercicios físicos desproporcionados, aislamiento, humillaciones y un código de silencio impuesto por el temor”. A esto se sumaron los antecedentes de otros menores fallecidos en academias similares, lo que permitió identificar “un patrón de violencia institucional más que una simple sucesión de accidentes”.
Ante estos hechos, surgió la interrogante sobre la supervisión de las autoridades educativas estatales, responsables de autorizar y vigilar los planteles particulares. Ulloa cuestionó: “¿por qué fue necesaria la muerte de tres menores para iniciar una revisión nacional?”. El analista enfatizó que “la disciplina no puede ser sinónimo de violencia”.
Finalmente, se destacó la responsabilidad institucional derivada de la omisión estatal. Ulloa advirtió que “cuando el Estado omite supervisar adecuadamente y normaliza vacíos regulatorios o permite que instituciones privadas construyan modelos educativos al margen del marco jurídico, la omisión también produce consecuencias”.
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