Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Cuatro exfuncionarios de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al millón de pesos mensuales, según reveló la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en un escenario donde más de 100,000 jubilados del Estado reciben ingresos que rebasan el salario de la presidenta. La revelación coincide con la polémica interna en Morena por el uso de espectaculares en Coahuila, donde el Instituto Electoral local investiga presuntas violaciones al reglamento que prohíbe la promoción anticipada de aspirantes.
Los exfuncionarios identificados con las pensiones más altas son Jorge Evodio Chapa de la Torre, con 1 millón 77,000 pesos; Carlos Arturo Sánchez Magaña, con 1 millón 107,000 pesos; además de Edgar Velázquez y Kenneth Sydney Smith, quienes reciben 1 millón 37,000 pesos cada uno. En total, 21 personas perciben entre 987,000 y 181,000 pesos mensuales, mientras el gasto total en pensiones de empresas estatales supera los 94,000 millones de pesos anuales.
El informe de la Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, destaca la disparidad entre estas “pensiones doradas” y el salario de la titular del Ejecutivo, aunque no precisa los cargos históricos que ocuparon los beneficiarios ni los mecanismos legales que permitieron estos montos. La revelación reactivó el debate sobre la reforma al sistema de pensiones en México.
Paralelamente, el Instituto Electoral de Coahuila, presidido por Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, investiga impugnaciones por espectaculares de aspirantes morenistas, pese a que el Consejo Nacional del partido prohibió el 7 de marzo la promoción en vía pública. El senador Gerardo Fernández Noroña reconoció que es una práctica recurrente en procesos internos, aunque defendió la legalidad de los mismos.
El Partido Acción Nacional solicitó al Instituto Nacional Electoral la geolocalización de espectaculares para verificar posibles infracciones, aunque se desconoce la respuesta formal de la autoridad electoral federal. La polémica se enmarca en las negociaciones internas de la coalición gubernamental (Morena, PT, PVEM) para un acuerdo de unidad y el “plan B” electoral anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyos detalles específicos aún no se divulgan.
El contraste entre las pensiones millonarias y las restricciones electorales evidencia tensiones en la gestión pública y la internal partidista, en un contexto donde la transparencia y el uso de recursos permanecen bajo escrutinio.
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