Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Los acreedores Cargill y Banco Afirme notificaron a la jueza concursal Ruth Huerta su oposición a la subasta de activos de Altos Hornos de México (AHMSA), lo que bloquea el proceso de venta de la empresa en concurso mercantil. La acción legal busca preservar el derecho de ambos a ejecutar de manera independiente las garantías prendarias que respaldan sus créditos, por un monto conjunto que supera los 20,690 millones de pesos, y que representan casi la mitad de la deuda total reconocida de la siderúrgica.
Según los datos del concurso, la deuda de AHMSA con Cargill asciende a 1,422 millones de Unidades de Inversión (UDI), equivalentes a unos 12,385 millones de pesos, mientras que la adeudada a Banco Afirme es de 954 millones de UDI, cerca de 8,309 millones de pesos. En conjunto, estas dos obligaciones suman 2,376 millones de UDI, lo que representa el 46% de la deuda total reconocida de la empresa, que es de 5,186 millones de UDI (aproximadamente 45,170 millones de pesos).
La maniobra legal de los acreedores se fundamenta en la conservación de sus derechos de garantía. En su notificación a la jueza, Cargill y Afirme argumentaron que mantienen la facultad de ejecutar sus garantías prendarias de forma autónoma, al margen de la masa concursal general de AHMSA. Esta postura busca evitar que la subasta de los activos de la empresa, gestionada por Minera del Norte (Minosa), proceda sin considerar primero el pago preferente de sus créditos garantizados.
El contexto del bloqueo adquiere una dimensión estratégica, particularmente en el caso de Banco Afirme. Su presidente, Julio César Villarreal Guajardo, es también dueño del Consorcio Villacero, un grupo siderúrgico que en 2020 intentó sin éxito adquirir AHMSA. Esta conexión genera especulaciones sobre los posibles intereses detrás de la oposición a la subasta, aunque no hay declaraciones oficiales de la siderúrgica ni de los postores interesados en la compra.
La decisión de la jueza Ruth Huerta sobre este amparo legal será crucial para desbloquear el proceso concursal. Si avala la postura de los acreedores, la subasta quedaría suspendida hasta que se resuelva el cobro de estas deudas privilegiadas, lo que podría retrasar significativamente la reestructuración y posible venta de AHMSA. De lo contrario, si rechaza la oposición, el proceso de venta podría continuar, aunque enfrentando el riesgo de futuros recursos legales por parte de Cargill y Afirme.
Este impasse legal ocurre en un momento crítico para la otrora gigante siderúrgica mexicana, que busca una salida a su prolongada crisis financiera. El bloqueo de la subasta por parte de sus principales acreedores refleja las complejas tensiones entre los intereses de los distintos tenedores de deuda y la necesidad de un proceso ordenado que maximice el valor de los activos para beneficio de todos los involucrados.
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