Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial, mientras un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha manejado un presupuesto de 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026. Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, defendió el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar la judicialización de conflictos políticos.
La ministra Esquivel Mossa, sin detallar el contenido completo de sus propuestas, señaló la necesidad de realizar ajustes a la reforma constitucional en materia judicial que se discute actualmente. Su llamado se da en el contexto de un amplio debate sobre el funcionamiento y los costos de las instituciones del Estado.
Por otro lado, el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados detalló la distribución del gasto del INE. Para el ejercicio fiscal de 2026, el 39.3% de su presupuesto, equivalente a miles de millones de pesos, está destinado al financiamiento público de los partidos políticos. Además, el estudio identificó que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% de todo el presupuesto del organismo electoral para este año.
En un ámbito relacionado, el magistrado Gilberto Bátiz García, al frente del TEPJF, destacó la importancia de promover y utilizar mecanismos alternativos para resolver controversias, como la mediación y la conciliación. El objetivo, según su postura, es desjudicializar los conflictos de naturaleza política y encontrar soluciones más ágiles y consensuadas, aunque no especificó casos concretos donde se hayan aplicado recientemente.
Estos pronunciamientos simultáneos reflejan una discusión nacional en torno a la autonomía, el costo y la eficiencia de órganos clave como el Poder Judicial y los institutos electorales. La propuesta de ajustes a la reforma judicial por parte de una ministra en activo añade un elemento significativo al debate sobre la transformación del sistema de justicia en México.
El contexto político actual, marcado por la implementación de reformas y el escrutinio al gasto de organismos autónomos, sugiere que estas discusiones sobre ajustes normativos, presupuesto y métodos de solución de conflictos probablemente continuarán en la agenda pública en los próximos meses.
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