Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una reforma electoral denominada ‘Plan B’ que modifica las reglas para la revocación de mandato presidencial y ajusta la integración de gobiernos municipales. La iniciativa, presentada este martes, permitiría al presidente en funciones hacer proselitismo durante el proceso de revocación y establece límites al gasto de congresos estatales.
La propuesta constitucional busca que la consulta de revocación de mandato se realice de manera simultánea con las elecciones federales, lo que según el gobierno representaría un ahorro significativo. La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, defendió la iniciativa señalando que “fortalece el mecanismo de participación ciudadana” y genera “eficiencia en el uso de recursos públicos”.
En materia municipal, la reforma establece que el número de regidores en los cabildos oscile entre 7 y 15, dependiendo del tamaño de la población. Además, limita el gasto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto de cada entidad. Sin embargo, la propuesta generó polémica inicialmente por omitir la palabra “paritario” en la integración de los cabildos, lo que fue interpretado como un intento de eliminar la paridad de género.
La Presidencia de la República corrigió esta omisión, señalando que fue involuntaria y que no existe intención de prescindir de la disposición constitucional sobre paridad. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó la iniciativa afirmando que “responde a la demanda ciudadana de reducir privilegios y costos políticos”.
Críticos como Elías Lixa han señalado que en estados como Yucatán, específicamente en Mérida, se reducirían 2 regidores, pero aumentarían en 221 en el interior del estado, contradiciendo el discurso oficial de ahorro. La oposición política considera que la reforma busca principalmente dar ventaja electoral a Morena y a la presidenta Sheinbaum.
La iniciativa llega al Senado luego del rechazo de una reforma electoral más profunda conocida como ‘Plan A’. La revocación de mandato fue incorporada a la Constitución en 2019 y se ejerció por primera vez en 2022 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando participaron 16.5 millones de personas y el 91.8% votó por su permanencia.
La coalición gobernante cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde y del PT para la aprobación de la reforma, aunque aún no se especifica la fecha exacta de su discusión en el pleno del Senado. El debate se centrará en el balance entre la participación ciudadana y los posibles beneficios políticos para el partido en el poder.
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