Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Tras el colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad que causó la muerte de tres personas el pasado 9 de marzo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron públicamente para atribuirse la responsabilidad de la supervisión de la obra. La alcaldesa aseguró que el gobierno capitalino era el obligado a garantizar la seguridad mediante un Acuerdo de Facilidades, mientras que el funcionario sostuvo que la vigilancia primaria recaía de manera ineludible en la alcaldía.
El incidente ocurrió en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante trabajos de demolición. La empresa dueña del edificio había solicitado un permiso que fue negado inicialmente el 17 de octubre por la detección de al menos diez riesgos graves. Sin embargo, apenas tres días después, la autorización fue otorgada mediante un Acuerdo de Facilidades, un mecanismo que, según Rojo de la Vega, transfería la supervisión, coordinación y garantía de seguridad al gobierno de la Ciudad de México.
“La demolición debía ser supervisada por el gobierno capitalino mediante Acuerdo de Facilidades, que obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”, declaró la alcaldesa. En una crítica directa, calificó la decisión de autorizar la obra como deliberada, afirmando: “No fue un error. Fue una decisión”.
Por su parte, el secretario Inti Muñoz Santini rechazó esta versión durante una conferencia de prensa. “La responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”, señaló el funcionario, deslindando así a la administración central de Claudia Sheinbaum de cualquier omisión en el caso.
La contradicción entre ambas autoridades deja en evidencia un vacío de responsabilidad en la supervisión de obras de alto riesgo, mientras las familias de las tres víctimas mortales esperan justicia. La identidad de los fallecidos, así como el nombre de la empresa propietaria del edificio, no han sido revelados oficialmente.
El conflicto político se enmarca en la compleja distribución de competencias entre el gobierno central de la Ciudad de México y sus alcaldías, particularmente en materia de desarrollo urbano y protección civil. La falta de claridad sobre quién debió supervisar los trabajos peligrosos podría retrasar la investigación oficial y la asignación de responsabilidades penales o administrativas. Hasta el momento, no se han dado a conocer avances en la indagatoria por parte de la Fiscalía General de Justicia de la capital.
About The Author
