Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa del Plan B de Reforma Electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado generó un intenso debate parlamentario con críticas abiertas de la oposición y reservas incluso entre partidos aliados. El PAN calificó la propuesta como una “farsa” que no ataca problemas de fondo, mientras que el PT anunció su respaldo pero con dudas sobre la fecha de la revocación de mandato.
Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, señaló que el Plan B “no resuelve el dinero del narco en elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena”. El legislador advirtió sobre lo que consideró “torpezas vulgares” como eliminar la paridad en Ayuntamientos y cuestionó que la revocación de mandato se convierta en un instrumento de promoción política.
Por su parte, Benjamín Robles, dirigente nacional del PT, anunció el respaldo de su partido a la iniciativa pero expresó reservas sobre la fecha propuesta para la revocación de mandato. “Preferimos que sea en 2028, no en 2027, para evitar riesgos a la equidad”, declaró Robles, quien además cuestionó que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía.
El diputado Rubén Moreira alertó que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 más que ser una reforma de fondo. Calificó como “retroceso democrático” la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación y advirtió sobre daños a la equidad electoral.
La reforma incluye cambios significativos como un tope salarial de 134 mil pesos mensuales para los consejeros del INE, quienes actualmente perciben 262 mil pesos brutos, y un recorte presupuestal progresivo del 15% en cuatro ejercicios fiscales. También modifica la composición de regidurías en 1,145 municipios, con reducción en 56 y aumento en 1,089.
El debate se enmarca en los choques históricos entre el INE y el poder Ejecutivo por presupuesto y salarios, que vienen desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La revocación de mandato ya se utilizó en 2022, siendo criticada por algunos sectores como un instrumento de promoción política más que de rendición de cuentas.
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