Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra el exsecretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez y 14 agentes de la Policía Estatal. La medida judicial responde a los delitos de tortura, homicidio y abuso de autoridad cometidos durante un operativo registrado el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua, donde fallecieron cuatro personas.
De acuerdo con la información recabada, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán solicitó estas medidas cautelares tras investigaciones que determinaron la responsabilidad de los funcionarios en la ejecución extrajudicial de cuatro indígenas. Las fuentes indican que el exmandatario estatal enfrenta cargos específicos por homicidio calificado y abuso de autoridad, derivado de haber ordenado la intervención policial que concluyó en tragedia.
El operativo original se llevó a cabo en el municipio de Nahuatzen en medio de un conflicto por tierras y un bloqueo carretero. Según reportes periodísticos, la acción de las fuerzas del estado resultó no solo en la muerte de cuatro ciudadanos, sino también en la tortura de otras diez personas que se encontraban en el lugar. En total, fueron emitidas 16 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso.
Silvano Aureoles Conejo ya contaba con antecedentes legales previos, incluyendo una orden de aprehensión en fuero federal por un presunto desfalco millonario vinculado a la construcción de estaciones policiales durante su administración. Esta nueva resolución judicial del fuero común añade presión legal sobre el exfuncionario, quien ahora deberá responder por los hechos de violencia ocurridos hace casi nueve años en la región purépecha.
La emisión de estas órdenes marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para las víctimas de Arantepacua, un caso que ha sido monitoreado por diversos medios de comunicación y organizaciones. Hasta el momento, la investigación no especifica si los involucrados han sido localizados o si se encuentran prófugos de la justicia tras la notificación de la medida cautelar.
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