Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) emitió una resolución que confirma la existencia de infracciones constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) cometidas por el exgobernador Jaime Bonilla Valdez contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La sanción del órgano judicial también se aplica al dirigente Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo (PT).
El Tribunal determinó que los señalamientos realizados durante las denominadas Jornadas por la Paz vulneran la investidura de la gobernadora, al reproducir estereotipos de género y generar confusión deliberada sobre la titularidad y legitimidad del Poder Ejecutivo del Estado. Las medidas dictadas incluyen una amonestación pública, el registro de las personas sancionadas en el Registro Nacional y Estatal correspondiente, y la obligación de acreditar la toma de cursos de capacitación en perspectiva de género y derechos humanos.
Por otro lado, Jaime Bonilla Valdez enfrenta acusaciones formales de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades relacionadas con el contrato de construcción de una planta de energía solar en el Valle de Mexicali. El acuerdo obligaba al Gobierno de Baja California a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, con garantía de pago de las participaciones federales. Pese a que la empresa no construyó la planta, el gobierno estatal realizó transferencias con recursos públicos; en 2022, la banca Afirme cobró la primera mensualidad cuando solo existía una piedra como evidencia del inicio de la obra.
Ante este escenario judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el proceso contra Bonilla y se lo dejó a las autoridades de justicia. “Yo se lo dejo a las instituciones de justicia, que ellos determinen si hubo una falta si no hubo una falta”, declaró la mandataria.
En un incidente similar evaluado por la presidencia, la alcaldesa interina de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, fue víctima de consignas a favor de su adversario político, Raúl Morón Orozco, durante una visita al Senado de la República. Sheinbaum aseguró que las autoridades deberán determinar si estos gritos constituyen violencia política de género. “Si esto es violencia política de género o no, pues ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes. Pero son dos temas distintos, nuestra solidaridad y apoyo con Grecia siempre”, señaló.
La presidenta agregó que “son temas políticos que tienen que ver con las disputas y más ahora que se viene el periodo electoral”, aunque afirmó: “estamos atendiendo a Uruapan, a ella y a Michoacán”. Reiteró su postura de dejar la evaluación técnica a los organismos correspondientes: “Ya le dejo a las autoridades que evalúen si eso fue violencia política”.
En otro frente legislativo, la diputada Ivonne Ortega denunció la falta de apoyo en la Cámara de Diputados para continuar la investigación por violencia de género contra el diputado Cuauhtémoc Blanco. Ortega señaló que el exhorto que impulsa, el cual pide a la Fiscalía de Morelos entregar el expediente penal y dar seguimiento al proceso por presunta violación en grado de tentativa, solo ha sido firmado por legisladoras de Movimiento Ciudadano.
“De las 253 que somos en la Cámara (…) He convocado a mis compañeras en diferentes días, en lo personal, lo subí a la tribuna, a través de redes sociales, pero parece que ninguna vía es pertinente. A este momento solo hemos firmado diputadas del Movimiento Ciudadano”, expresó Ortega, quien había fijado como plazo máximo para la firma del documento el 27 de marzo de 2026.
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