Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado las acusaciones contra migrantes por traspasar zonas militares en la frontera con México, territorios que la administración ha designado recientemente como ‘áreas de defensa nacional’. Bajo este esquema, las tropas tienen autoridad para detener a personas y acusarlas de violar leyes federales, incluyendo una normativa de 1909 contra espías.
Desde abril de 2025, aproximadamente 4,700 migrantes han sido acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y de penetrar en estas zonas militares, las cuales se han extendido en Arizona, California y Texas. Sin embargo, alrededor del 60% de estos cargos son retirados posteriormente. Los casos suelen caerse cuando los jueces determinan que ingresar a un área militar no hace culpables a los migrantes si no sabían que se trataba de una zona restringida.
Según reportes, los migrantes detenidos a menudo no saben leer, no hablan español o inglés y no logran identificar los letreros de advertencia, los cuales son descritos como poco visibles. Las zonas no están cercadas y cuentan únicamente con postes con signos de alerta. En un recorrido con el sheriff del condado de Doña Ana en Nuevo México, oficiales comentaron que no han recibido información específica sobre cuáles son los límites exactos de la zona militar. Asimismo, cuando se solicitó indicar la ubicación del ‘área de defensa nacional’, tanto soldados en el lugar como el Departamento de Guerra evitaron responder.
Mientras el Departamento de Justicia sostiene que estas acusaciones han frenado los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles, y los fiscales argumentan que el ingreso ilegal es suficiente para probar la intención criminal, la situación legal de miles de personas sigue en disputa. Una jueza federal en Estados Unidos ordenó a la administración de Trump restituir el estatus legal de cientos de miles de migrantes que ingresaron mediante la aplicación CBP One, tras la cancelación de permisos que afectó a más de 900 mil personas. El fallo obliga a reconocer que estos migrantes actuaron conforme a un mecanismo institucional vigente al momento de su ingreso.
En paralelo, el gobierno de México anunció que participará en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por las condiciones de detención de migrantes, bajo la figura de amicus curiae (‘amigo de la corte’). Esta decisión ocurre en un contexto donde José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, Guanajuato, falleció en condiciones extrañas bajo custodia del ICE en Adelanto, California. Con este caso, suman 14 mexicanos muertos durante el segundo mandato del presidente Trump, comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026.
Datos recopilados indican que entre 2025 y el primer trimestre de 2026 murieron 47 personas en detenciones o bajo custodia del ICE en Estados Unidos, de las cuales tres de cada diez son mexicanos. Desde la creación del ICE en 2003, el saldo asciende a 63 mexicanos fallecidos por detenciones o bajo la custodia de dicha agencia. Paralelamente, Estados Unidos inició la construcción de un segundo muro fronterizo en la zona limítrofe entre Mexicali, Baja California, y Caléxico, California.
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