Washington D.C., 02 de abril de 2026.- A un año del anuncio de aranceles generalizados por parte de Donald Trump, el crecimiento de la economía estadounidense se ha debilitado y el déficit comercial no se ha reducido, mientras surgen nuevas tensiones comerciales con México debido a restricciones en el sector energético.
El 2 de abril de 2025, Donald Trump anunció aranceles del 10% y de hasta el 50% para países con los que EE.UU. tuviera mayor déficit comercial, justificando el giro diciendo: “Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”. En ese momento, trabajadores como Brian Pannebecke, jubilado del sector automotriz, apoyaron la medida desde la Casa Blanca afirmando: “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente” y asegurando que “en seis meses o un año empezaremos a ver los beneficios”.
Sin embargo, un año después, el Supremo ha declarado ilegales los mal llamados aranceles recíprocos. Aunque Washington ha recaudado unos 264.000 millones de dólares con las tarifas, los datos indican que no han servido para disparar la apertura de fábricas ni atraer más inversión extranjera. Estados Unidos compra menos productos a China, pero Pekín no vende menos porque ha encontrado otros mercados. La economía estadounidense registró un crecimiento del 2,1% el año pasado, frente al 2,8% de 2024, mientras la UE firmó un acuerdo comercial con el Mercosur que llevaba décadas atascado.
Paralelamente, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señaló en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El documento indica que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de firmas estadounidenses.
Según el reporte de la USTR: “Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes”.
La normativa mexicana impone nuevas restricciones a los permisos de combustible, reduce la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años. Estos cambios no se aplican a Pemex. Esta situación marca un contraste con 2014, cuando durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se abrió el sector a la inversión privada, antes de que en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la política energética diera un giro de 180 grados para centrarse nuevamente en las actividades estatales.
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