Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- El Gobierno de México y el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, rechazaron el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU sobre la situación en el país, calificándolo de parcial y sesgado, postura que contrasta con el respaldo pleno ofrecido por organizaciones de la sociedad civil.
Un día antes del cuestionamiento del legislador, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) reprobaron el documento por considerarlo tendencioso. Por su parte, Ignacio Mier afirmó que la ONU emite informes con una “miopía alarmante” y declaró: “Es inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre Desaparecidos en México”.
El senador acusó incongruencias en el organismo internacional por mantener un “silencio cómplice” ante conflictos en Gaza, Ucrania y Líbano, mientras critica la situación en México. Mier exhortó a “dejar a un lado la retórica tendenciosa” y mostró la necesidad de actuar con “coherencia con la paz mundial”.
El informe de la ONU refiere casi 133 mil personas desaparecidas acumuladas y detalla problemas estructurales como búsquedas ineficientes, investigaciones incompletas, falta de planes integrales, protección insuficiente a familias e impunidad persistente. Frente a esto, las organizaciones civiles señalaron que la descalificación de los hallazgos técnicos no altera la realidad de una impunidad que ubican en más del 99 por ciento.
Las organizaciones criticaron que el Estado ha fallado sistemáticamente, citando problemas en el Banco Nacional de Datos Forenses y la acumulación de más de 83 mil cuerpos y restos sin identificar. “Cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente”, indicaron los grupos civiles.
En un llamado enérgico, las organizaciones solicitaron al gobierno abandonar la actitud defensiva y reconocer la magnitud de la crisis elevada a la Asamblea General de la ONU. Asimismo, aceptaron la asistencia técnica internacional propuesta, reconociendo que las capacidades de México han sido superadas, y afirmaron que la soberanía se ejerce cumpliendo tratados, no desacreditando recomendaciones de organismos de los que el país es parte voluntaria.