Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- Senadores de Morena rechazaron el informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificándolo como un intento injerencista que ignora los avances del gobierno mexicano. Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, acusó omisión por parte del organismo internacional tras conocerse las conclusiones del documento, el cual considera que existe una crisis en México con más de 132 mil personas desaparecidas y califica la situación como delitos de lesa humanidad.
Castillo señaló que el documento carece de un análisis profundo sobre la realidad nacional y acusó a la ONU de ignorar deliberadamente las actualizaciones y progresos reportados por el gobierno en materia de seguridad. Para la legisladora, este tipo de evaluaciones internacionales demuestran una falta de rigor técnico que podría facilitar intereses injerencistas. Por su parte, el grupo de Morena en el Senado cerró filas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para condenar lo que consideran una intervención indebida.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, sostuvo que la ONU “está extraviada y con una miopía alarmante” porque no observa lo que ocurre en otras partes del mundo y guarda “silencio cómplice” ante tragedias en Gaza, Líbano e Irán, mientras que “pone una lupa exagerada en México”. Mier recalcó que los gobiernos de la Cuarta Transformación no toleran la desaparición forzada y afirmó que ésta no es provocada por el Estado mexicano, a diferencia de décadas pasadas.
El coordinador morenista adelantó que este martes llevará al Senado una propuesta de protesta enérgica. “Por ello el Senado se une al rechazo del gobierno mexicano, expresado a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y vamos a formular una protesta enérgica”, declaró Mier. En la misma línea, los senadores Manuel Huerta e Higinio Martínez deploraron el sesgo del informe del CDF, argumentando que se centró en datos de gobiernos anteriores a los de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Manuel Huerta expuso que “es muy poco serio que ese informe, que se pretende llevar a la Asamblea General de la ONU, no tenga un soporte real, ya que no tomaron en cuenta el gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos dos sexenios en materia de desaparición forzada y del que dio cuenta recientemente la Presidenta de la República”. No obstante, el informe del CDF registra que, de 2012 al 28 de febrero de 2026, se emitieron 819 solicitudes de acciones urgentes para la búsqueda de personas en México, colocando al país como el primero en este rubro, seguido por Irak y Colombia.
Según los datos del comité, los años con más solicitudes registradas fueron 2015, con 166; 2024, con 100, y 2025, con 90. Entre el 17 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, se sumaron 40 mecanismos de acción urgente. Del total de solicitudes desde 2012, 96 ya están cerradas porque la persona fue encontrada viva o muerta, mientras que 251 han sido suspendidas. Juan Carlos Gutiérrez, coordinador jurídico de Idheas, destacó que estas acciones son “muy importantes” para las familias, pues establecen recomendaciones vinculantes al Estado.
Gutiérrez advirtió que este mecanismo demuestra que “sigue dándose un aumento de desapariciones en el país” y señaló que las acciones urgentes son uno de los elementos “que establece la posibilidad de que México sea llevado a la Asamblea General de la ONU”.
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