Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la ‘imperante impunidad’ y una ‘impunidad estructural’ que provoca la reproducción de estos delitos en el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar esta decisión se consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son ‘indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa’. Asimismo, se señaló que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento respecto a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
En su informe, el CED mencionó que en 2021 recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos. El Comité recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. Como parte de esa visita, se emitieron 84 recomendaciones al gobierno mexicano.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó ‘prácticas sistemáticas’ de desapariciones forzadas en Coahuila entre 2006 y 2016. Se identificaron patrones de colusión donde, entre 2009 y 2012, fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, y entre 2012 y 2016, autoridades estatales llevaron a cabo desapariciones directamente a través de fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. También se destacó el uso, ‘en ocasiones’, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos delitos.
El informe coincidió con el reporte oficial de más de 130 mil personas desaparecidas y señaló casos paradigmáticos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, además de prevalencia en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En 2023, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización, noting que datos de abril de 2022 indicaban que solo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno declararon que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno mexicano planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales y comisiones de búsqueda para mejorar la situación.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. Previamente, el 3 de abril de 2026, el gobierno federal había dado a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos.
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