Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó por unanimidad a una mujer y ordenó a la empresa telefónica AT&T la reparación del daño, tras determinar que la compañía incurrió en responsabilidad civil extracontractual subjetiva al entregar un duplicado de la tarjeta SIM de la víctima a un tercero sin verificar correctamente su identidad.
La ministra Loretta Ortiz, quien presentó los proyectos de amparo, señaló que este asunto afecta a millones de usuarios de telefonía móvil y enfatizó que las empresas deben responder ante un manejo negligente de datos personales. La Corte confirmó que AT&T actuó de manera negligente al reemplazar la tarjeta SIM.
En el ámbito legislativo, el Senado aprobó por unanimidad de 109 votos reformas para proteger a los trabajadores del campo, especialmente a los jornaleros que laboran en empresas agroindustriales, así como para evitar la deforestación. Las modificaciones a las leyes de Comercio Exterior y Federal del Trabajo autorizan la expedición de certificaciones laborales obligatorias a empresas exportadoras de aguacate, frutos rojos y otros productos del agro. Esta reforma fue remitida a la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la Ley Myrna, iniciativa impulsada por el diputado federal Adrián González Naveda del Partido del Trabajo, busca proteger los recursos de los programas sociales para que sean legalmente intocables e inembargables por instituciones bancarias y despachos de cobranza. Esta propuesta operará mediante la adición de decretos al Código Civil Federal, Código de Comercio y la Ley de Instituciones de Crédito, y actualmente se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis y posterior votación.
Finalmente, desde el Congreso del Estado de México, el dirigente estatal Pepe Couttolenc impulsa, a través de la bancada del Partido Verde, una iniciativa para reconocer, prevenir y sancionar la violencia de género en el deporte. La propuesta, presentada por la diputada Alejandra Figueroa, plantea sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de 50 a 300 días por violencia de género en el deporte.
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