Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según datos que comparan los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con información a marzo de 2026.
El análisis del Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California Berkeley describe el fenómeno como “novedoso”. Las detenciones de ICE por traslado de reclusos desde cárceles y prisiones a su custodia prácticamente se duplicaron en el último año, mientras que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente.
Hubo un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales. Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias han aumentado un 770% en el segundo mandato de Trump. Bajo este gobierno, más de un 70 por ciento de las personas que están retenidas en centros de detención para migrantes no han sido condenadas por ningún crimen.
El aumento de las detenciones se tradujo en un incremento aún mayor en el número de deportaciones, que se multiplicó por cinco. La Administración Trump cuadruplicó con creces (4,5 veces) el número de camas de detención destinadas a las personas arrestadas dentro del territorio estadounidense. La liberación en un plazo de 60 días tras la detención se convirtió en un suceso excepcional (7%), mientras que la tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó pasando del 27% al 57%.
El Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos con el Gobierno federal. Florida y Texas son los dos estados en los que más departamentos policiales han firmado este tipo de acuerdos, 270 y 161 respectivamente.
Según estimados de FWD, DHS ha entrenado a entre 13,800 y 15,800 policías en todo el país para que puedan realizar labores de migración. Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, señaló que el programa “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”. El Departamento de Seguridad Nacional declaró que la medida “ayudaría a arrestar y deportar a ‘lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas'”.
Las autoridades migratorias han estado bajo el escrutinio público después de que agentes dispararon mortalmente contra dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en medio de los agresivos operativos en Minnesota. Un conductor llamado Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE cerca de la Interestatal 5 en la ciudad de Patterson, California. Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que los oficiales migratorios “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos.
Patrick Kolasinski, abogado de Carlos Iván Mendoza Hernández, dijo que el hombre huyó porque temió por su vida: “Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”. Lyons afirmó que el inmigrante era un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador en relación con un asesinato. El abogado del inmigrante negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla y mostró documentos que lo habían absuelto de una acusación que enfrentó en El Salvador.
Desde que Trump regresó al poder el año pasado, han surgido informes de agentes enmascarados entrando en hospitales y otros centros médicos para realizar arrestos. La práctica de arrestar en hospitales había sido prohibida durante años en estos espacios porque se consideraban lugares sensibles. Cuando el republicano regresó a la Casa Blanca, derogar esa política fue una de sus primeras acciones.
Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años, murió a finales de febrero. Nunca fue a un hospital por miedo a ser detenido y deportado por ICE. Guadalupe, viuda de Jesús Juárez Cruz, declaró: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”. La familia Juárez ha recurrido al público en busca de ayuda a través de la plataforma GoFundMe y acumuló una deuda funeraria de 34,000 dólares.
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