Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía Capitalina separó de sus cargos a tres funcionarios por presuntas conductas de corrupción y omisiones en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. La fiscal Bertha Alcalde Luján admitió un retraso “injustificable” de 15 horas en la reacción de la institución, a pesar de contar con datos precisos sobre el paradero de la joven.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que los elementos removidos incluyen a un ministerio público que no proporcionó información sobre el domicilio, un policía de investigación señalado por solicitar dinero para acelerar la búsqueda y un segundo agente del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. “Yo sé que ya hay tres personas que fueron retiradas de sus cargos y que está una investigación al respecto. No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, declaró Brugada.
Según los hechos establecidos, los familiares reportaron la desaparición de Edith Guadalupe el 15 de abril, después de perder contacto con ella cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. La familia acudió al Ministerio Público con la última ubicación compartida por la víctima y material de cámaras de seguridad obtenido mediante un investigador privado. Sin embargo, personal de la Fiscalía de Desaparecidos les pidió esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un requisito contrario a la ley, además de solicitar recursos económicos para iniciar las indagatorias.
La fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció la gravedad de los hechos: “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico [la última ubicación de Valdés Zaldívar en su celular, proporcionada por su familia], lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”. Añadió que “es indignante que una familia haya señalado con precisión desde un primer momento y no se haya actuado con la inmediatez que se requería”.
Las autoridades llegaron finalmente al inmueble de Avenida Revolución 829 hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron ingresar de inmediato debido a que la administradora del complejo negó el acceso y afirmó que la joven no había entrado. El cuerpo fue localizado por las autoridades en la madrugada del 17 de abril. Alcalde Luján informó que la víctima presentaba heridas en el tórax provocadas por un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, aunque otras valoraciones médicas preliminares sugieren que golpes fuertes podrían ser la causa del deceso, hipótesis que se confirmará con la necropsia.
Además de los elementos policiales y ministeriales, se investiga una posible obstrucción de la justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes ya se encuentran declarando sobre el feminicidio. La fiscal advirtió que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable y que se indagarán todos los retrasos en los actos de investigación. Por su parte, Clara Brugada aseguró: “De ninguna manera va a quedar este caso impune. Sabemos que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”.
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