Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- Mientras las estadísticas oficiales reportan una disminución sensible de homicidios dolosos en comparación con las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la ciudadanía mantiene una percepción de inseguridad vinculada a robos cotidianos y a la falta de resultados de las policías municipales y estatales. De acuerdo con indagaciones de grupos de observadores, el 95 por ciento de los delitos no se denuncian y poco menos del 90 por ciento de las investigaciones no concluyen en sentencias.
En este contexto, mensajes detectados en medios extranjeros indican que el Gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a la participación del crimen organizado en procesos electorales municipales y estatales, con miras al escenario de 2027. Según la información disponible, actividades del Tesoro y de seguridad nacional de la Casa Blanca han colocado aparatos de investigación sobre cárteles que se fortalecieron durante la estrategia de “abrazos, no balazos” del tiempo lopezobradorista.
Los grandes capos capturados o extraditados están siendo interrogados para obtener elementos sobre la configuración del poder político y criminal en zonas bajo influencia financiera del delito. El análisis sugiere que Estados Unidos no busca desaparecer a los cárteles, sino tomar el control de la producción y el contrabando para satisfacer necesidades internas y acceder a recursos multimillonarios, utilizando el narcotráfico como instrumento de control sobre grupos políticos mexicanos.
En la capital, la venta de drogas al menudeo y delitos asociados al ambulantaje representan un expediente complicado controlado por grupos muy organizados, un problema conocido en altos niveles de poder pero no combatido debido a ramificaciones de intereses criminales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuenta con alrededor de 80,000 elementos, aunque la carga de trabajo rebasa considerablemente la jornada laboral oficial debido a incapacidades, licencias y personal administrativo que no opera en campo.
La situación se complica ante la proximidad del Mundial de Futbol 2026. A 55 días del arranque, se proyecta un despliegue extraordinario para cinco partidos en la entidad, la inauguración con presencia de mandatarios y los “Fan Festivals” en las 16 alcaldías, donde solo el evento principal en el Zócalo estima 60,000 asistentes diarios durante 39 días. Una corporación que ya opera al límite enfrentará una presión sin precedente, máxime cuando eventos recientes, como un partido entre México y Portugal, requirieron movilizar a casi 11,000 elementos.
Por otro lado, análisis sobre la Cuarta Transformación de la Nación indican que, aunque surgió para contener antagonismos del neoliberalismo, esa “prometida mutación” incrementó la corrupción y derivó en una gobernanza responsable de la “narcopolítica”. Se señala que la justicia se muestra impotente e ineficiente ante este fenómeno, y que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha sido lo bastante fuerte para ordenar el encarcelamiento de los responsables políticos de antaño.
Ante la falta de programas concretos para reformular la estructura judicial y la continuidad de los mismos ministerios públicos y policías de investigación, organizaciones sociales han anunciado protestas para los días de la justa futbolera. El escenario descrito por los observadores cataloga a la narcopolítica más allá de las fronteras como un narcoterrorismo que ha trastocado el Estado de Derecho.
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