Ciudad De México, 17 de junio de 2026.- Un estudio histórico y legal determina que la carga del navío español ‘Oriflame’, hundido en 1770 frente a las costas de Chile, pertenecía a la Real Hacienda de la monarquía de Carlos III de España. Según el análisis, no existe evidencia para que terceros puedan reclamar este cargamento.
La investigación, titulada ‘El navío Oriflame: un tesoro cultural hundido frente a las costas de Chile’, fue elaborada por Vicente Ruiz García, asesor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval. El experto señala que “el heredero legítimo del tesoro hundido y de la mayor y más preciada carga del pecio naufragado en la región de Maule (Chile) sería, en caso de rescate, el Estado español”.
El ‘Oriflame’ zarpó del puerto de Cádiz el 18 de febrero de 1770 con destino al Callao, en el virreinato del Perú, bajo las órdenes del capitán Joseph Antonio de Alzaga. La nave transportaba 176 personas a bordo, entre tripulación y pasaje, todas las cuales fallecieron en la catástrofe. El buque iba cargado con 1.478 cajones de cristalería de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso de Segovia, además de joyas y otros objetos valiosos; cajas que nunca fueron recuperadas.
Respecto a la naturaleza jurídica del barco, el estudio detalla que el ‘Oriflame’ fue originalmente un navío de guerra francés de 54 cañones, botado en Tolón en 1744, que sirvió a la Armada francesa y participó en la batalla de Cartagena de Levante en 1758. Tras ser capturado por los ingleses en 1761, fue adquirido en Gibraltar por el comerciante José Villanueva y Pico para convertirlo en un navío mercante de la Carrera de Indias, siendo rebautizado como ‘Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo’, aunque conservó el alias de ‘Oriflame’. Posteriormente, en 1765, fue adquirido por la casa comercial Uztáriz Hermanos y Compañía.
Si bien los barcos de guerra hundidos son propiedad de los Estados según el artículo 32 de la Convención de la Unesco, los comerciales no lo son por defecto. Sin embargo, Ruiz García concluye que la carga específica de este viaje era propiedad estatal. A pesar de esto, el experto también admite que el “pecio pertenece a la Humanidad”.
Antecedentes indican que en 2005, una empresa cazatesoros anunció haber localizado el lugar del hundimiento y mostró disposición para extraer la carga, pero la justicia chilena denegó dicha autorización.
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