Por Redacción
Washington D.C., 10 de agosto de 2026.- Un cartel con el rostro de Donald Trump y el lema “Make America Safe Again” cuelga en la fachada del Departamento de Justicia de EE.UU., simbolizando un cambio en una institución que tradicionalmente ha sido considerada el miembro más independiente del Gabinete para limitar la interferencia política en asuntos judiciales.
Desde Watergate, los presidentes habían mantenido distancia del Departamento de Justicia, pero Trump ha roto esa supuesta neutralidad. La semana pasada, el mandatario nombró formalmente a su exabogado y amigo Todd Blanche como fiscal general, jefe del departamento.
Blanche, quien se desempeñaba como fiscal general en funciones, asume el cargo que quedó vacante hace cinco meses tras la destitución de Pam Bondi. Su salida obedeció a controversias sobre el manejo de la desclasificación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein y un enfoque descrito como vacilante para perseguir a los enemigos políticos de Trump.
El nuevo titular es considerado más leal a Trump que su predecesora. Blanche fue el estratega detrás de la sentencia de la Corte Suprema de 2024 que otorgó inmunidad a los presidentes por actos oficiales. Además, representó a Trump en el caso de dinero por silencio de Stormy Daniels, donde el presidente fue condenado por 34 cargos relacionados con registros comerciales falsificados para ocultar pagos de 130,000 dólares.
La defensa legal de Blanche también abarcó los casos de conspiración y obstrucción electoral derivados de irregularidades en las elecciones de 2020, así como el caso de retención de documentos clasificados del gobierno en la finca Mar-a-Lago. Como fiscal general en funciones, también liberó el último lote de documentos de Epstein, un proceso marcado por irregularidades donde numerosos archivos permanecieron secretos mientras otros revelaban identidades de víctimas.
Con este nombramiento, Trump suma alrededor de 20 de sus exabogados privados en roles estratégicos destinados a relanzar procesamientos contra sus opositores políticos. Esta movida se suma al control que el presidente ya ejerce sobre la Corte Suprema, donde cuenta con una mayoría favorable de seis conservadores, tres de ellos designados por él, entre los nueve jueces que la integran.
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