marzo 16, 2026
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Por Redacción

Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Acreedores con garantías prendarias han bloqueado el proceso de subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA), en medio de una crisis financiera que se agrava con nuevas sentencias laborales firmes. Tribunales federales condenaron a la empresa y a su filial Minera del Norte (Minosa) al pago de prestaciones adeudadas a ex trabajadores, sumándose a una deuda total que supera los 45,000 millones de pesos y complicando el concurso mercantil que se ventila en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Según expedientes judiciales, las sentencias firmes de los tribunales laborales federales en los casos 77/2023 y 19/2022 reconocen el derecho de ex empleados al cobro de prestaciones laborales, las cuales ahora se integran a la masa concursal para su pago conforme a la ley. Estas resoluciones se suman a los reclamos de grandes acreedores como Cargill, con un adeudo de 12,385 millones de pesos, y Banco Afirme, que reclama 8,309 millones, lo que representa el 46% de la deuda total de la siderúrgica.

El síndico concursal, Víctor Manuel Aguilera Gómez, enfrenta el desafío de desbloquear la subasta de activos, paralizada por la oposición de acreedores prendarios. Este grupo, que tiene garantías específicas sobre ciertos bienes de la compañía, ha impedido el avance del proceso diseñado para liquidar los activos y pagar a los acreedores según el orden de prelación establecido en la Ley de Concursos Mercantiles.

El juzgado a cargo del concurso otorgó un plazo hasta el 27 de marzo para establecer nuevas bases de subasta que puedan ser aceptadas por las partes y así reactivar el proceso. La paralización prolonga la incertidumbre sobre el futuro de la empresa y el pago a miles de acreedores, entre los que ahora figuran de manera prominente los ex trabajadores con sentencias a su favor.

El contexto de AHMSA refleja la profundidad de la crisis en un sector estratégico para México. La incapacidad para reactivar la subasta y la acumulación de sentencias laborales no solo complican la solución financiera, sino que también evidencian el impacto social de la quiebra, dejando en el limbo los derechos de una fuerza laboral que dependía de la siderúrgica, otrora un pilar industrial en la región de Coahuila.

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