Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un caso de huachicol fiscal considerado el más relevante hecho público en el país, tras que un tribunal federal de Veracruz anuló el proceso penal por falta de procedibilidad. Los involucrados en el caso son Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, acusados de manejar 21.5 millones de litros de diésel de manera irregular.
La decisión de la SCJN se tomó el 18 de marzo de 2026 y busca determinar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) deben representar el interés fiscal en este tipo de casos de contrabando de combustible. La controversia surge de la anulación del proceso penal original por no cumplirse requisitos de procedibilidad establecidos en la ley.
Según información de La Jornada, el tribunal federal de Veracruz anuló el proceso penal por dos motivos principales: la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM y una citación incorrecta en la audiencia inicial. Estos defectos procesales motivaron que la Suprema Corte intervenga para clarificar los procedimientos adecuados.
El caso representa uno de los más significativos en materia de huachicol fiscal en México, dado el volumen de combustible involucrado. Los 21.5 millones de litros de diésel constituyen una cantidad considerable que genera impacto en las finanzas públicas y el mercado energético nacional.
La revisión de la SCJN establecerá un precedente importante para futuros casos de contrabando de combustible, ya que definirá qué autoridad fiscal debe tener la representación legal en estos procesos. Esta determinación podría influir en cómo se manejan casos similares en todo el país.
La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables está vinculada al caso, aunque la investigación no especifica su ubicación exacta ni el monto económico total del presunto contrabando. Estos datos faltantes podrían ser esclarecidos durante el proceso de revisión constitucional.
La decisión de la Suprema Corte será esperada por autoridades fiscales y el sector energético, ya que proporcionará claridad sobre los procedimientos correctos para perseguir el huachicol fiscal. El caso continúa en proceso de análisis por los ministros de la Corte.
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