Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a otra exfuncionaria identificada inicialmente solo como Margarita A., en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014. La decisión judicial fue emitida el 19 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) concentra las diligencias contra las ahora imputadas.
De acuerdo con la resolución, se dictó prisión preventiva oficiosa para Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien tendrá que permanecer en el penal de Santa Martha Acatitla. La medida cautelar fue ordenada tras establecerse su presunta responsabilidad en delitos que han generado discrepancias en los reportes preliminares; mientras algunas fuentes apuntan a delitos contra la salud, otras especifican la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados, hallazgos que surgieron durante el curso de la investigación.
El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, mantiene abierta la línea de investigación sobre la pérdida, ocultamiento o destrucción de evidencia clave. En este contexto, se ha señalado la relevancia de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, cuyo destino es parte fundamental de las diligencias que la FGR realiza contra las exfuncionarias.
La vinculación a proceso establece un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la autoridad ministerial deberá recabar los elementos necesarios para precisar la participación de las acusadas. Hasta el momento, no se ha hecho público el nombre completo de la segunda implicada, referida en los documentos judiciales únicamente como Margarita A., ni se han detallado los tribunales específicos más allá de la intervención de la jueza García Peralta.
Existen inconsistencias en la información difundida sobre los cargos exactos, pues mientras se menciona que la vinculación responde directamente al caso Ayotzinapa, otros reportes indican que los delitos por los que fueron atrapadas son de naturaleza diferente, aunque conectados a la investigación principal. La clarificación de estos puntos corresponderá a las siguientes audiencias dentro del proceso penal que apenas inicia.
Esta acción judicial representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por el caso Ayotzinapa, a más de una década de los hechos. La retención de exfuncionarias de la procuraduría guerrerense sugiere un avance en la elucidación de posibles obstáculos o irregularidades cometidas dentro de las instituciones de justicia locales durante los primeros años de la indagatoria federal.
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