Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron este marzo un patrón regional de represión estatal que abarca desde desapariciones forzadas de deportados en El Salvador hasta la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua, sumado a un endurecimiento de las políticas migratorias en Argentina.
Human Rights Watch (HRW) señaló la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien el gobierno estadounidense acusa de ser líder de la pandilla MS-13. Sin embargo, las familias de las víctimas y la organización niegan que exista evidencia pública que vincule al resto de los desaparecidos con actividades criminales. En 2025, más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU., de los cuales se estima que el 10% tenía antecedentes penales.
En Venezuela y Nicaragua, se reportan desapariciones forzadas y confiscaciones de propiedades dirigidas contra opositores políticos. Lilian Tintori, activista venezolana, ha realizado denuncias públicas sobre estas acciones, mientras que figuras como Leopoldo López, Enrique Márquez y William Dávila figuran entre los involucrados en la crisis política. Asimismo, el dirigente chavista Carlos Brenes figura como desaparecido, y más de 250 venezolanos han sido deportados desde Estados Unidos recientemente.
En Argentina, bajo la administración de Javier Milei, se documenta un desmantelamiento de políticas de memoria y un aumento en las expulsiones migratorias. La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha anunciado medidas restrictivas que resultaron en 5.000 personas no admitidas o expulsadas en los últimos dos meses. Durante 2024, las deportaciones desde Argentina crecieron un 40% respecto al año anterior, alcanzando 620 casos. Estas acciones han generado protestas socioambientales lideradas por mujeres en Mendoza, como Macarena Limousin, y han motivado la intervención de economistas como Mercedes D’Alessandro.
Las cifras históricas de 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina sirven de referente para las organizaciones que alertan sobre el retorno de prácticas represivas. Activistas como Amaru Ruiz y Thelma Brenes, familiar de víctima, han sumado sus voces a las denuncias, aunque no se detallan declaraciones específicas en los reportes actuales. La situación refleja una tensión creciente entre los gobiernos de la región y la sociedad civil, con focos de atención en la falta de debido proceso y la opacidad de los procedimientos de deportación y detención.
Ante la falta de respuestas oficiales de los gobiernos de El Salvador y Argentina respecto a las acusaciones de desaparición forzada y el estatus legal de proyectos como el minero San Jorge en Mendoza, las organizaciones internacionales mantienen su vigilancia. El panorama descrito por HRW y testimonios directos sugiere una coordinación tácita en el endurecimiento de controles estatales que trasciende fronteras, afectando a miles de ciudadanos en el continente.
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