Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con ordenar el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos nacionales si los demócratas del Congreso no aprueban de inmediato el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La advertencia, difundida a través de redes sociales, surge en medio de un cierre parcial del gobierno que lleva varias semanas y ha dejado sin salario a miles de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
En su mensaje público, el mandatario escribió: “Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo […] trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos”. Esta declaración marca una escalada en la disputa presupuestaria que ha mantenido paralizado al Senado, el cual ha rechazado por quinta vez la asignación de fondos para el DHS.
La falta de aprobación del presupuesto ha provocado que miles de empleados de la TSA lleven semanas sin recibir su salario, lo que ha derivado en ausencias laborales, retrasos operativos y largas filas en terminales aéreas de ciudades como Atlanta, Nueva York y Nueva Orleans. La situación ha generado preocupación sobre la capacidad de mantener los estándares de seguridad en los vuelos comerciales.
Ante la propuesta de utilizar personal de inmigración para cubrir las funciones aeroportuarias, expertos citados por medios internacionales indican que los agentes del ICE no están entrenados para realizar tareas de seguridad en aeropuertos, funciones que corresponden específicamente a la TSA. La posible mezcla de responsabilidades entre control migratorio y seguridad aérea ha sido señalada como un riesgo operativo por especialistas en la materia.
Organizaciones civiles han expresado su preocupación por la posibilidad de mezclar las funciones de seguridad aeroportuaria con el control migratorio en un contexto de crisis gubernamental. Mientras tanto, la presión política se mantiene intensa en Washington, donde la administración busca desbloquear el financiamiento ante el impacto visible en la infraestructura de transporte del país.
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