Por Redacción
Washington, 23 de marzo de 2026.- El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos de Estados Unidos, en medio de una parálisis presupuestal que ha dejado sin salario completo a cerca de 65,000 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) desde el 13 de marzo. La medida se suma a la oferta pública de Elon Musk para cubrir los salarios del personal de seguridad aeroportuaria, mientras las filas en terminales como Atlanta alcanzan hasta seis horas de espera.
La crisis se deriva de un cierre parcial del gobierno que inició en mediados de febrero, producto de desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre las operaciones federales de inmigración y el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El presupuesto estimado para salarios de la TSA ronda los 2,500 millones de dólares, monto que permanece retenido por la disputa legislativa.
El impacto operativo ya es visible en los principales aeropuertos del país. La TSA reporta más del 9% de ausencias laborales entre su personal, con al menos 350 renuncias registradas desde febrero. Los viajeros enfrentan demoras significativas, especialmente en terminales de alto tráfico como Atlanta, donde las filas para controles de seguridad se extienden hasta seis horas.
Tom Homan, designado como zar fronterizo por la administración Trump, confirmó la decisión de desplegar agentes del ICE para reforzar la presencia federal en aeropuertos. Aunque fuentes indican que se trata de cientos de agentes, no se ha especificado el número exacto ni la lista completa de aeropuertos donde estarán estacionados.
La senadora republicana Lisa Murkowski se pronunció sobre la situación, aunque sin detallar una posición específica respecto al despliegue de ICE o la oferta de Musk. Mientras tanto, Elon Musk realizó declaraciones en redes sociales ofreciendo pagar los salarios del personal de la TSA, sin que hasta el momento se haya confirmado si la propuesta fue aceptada o implementada por el gobierno federal.
El contexto político muestra una administración que prioriza el control migratorio incluso durante una crisis presupuestal. El despliegue de ICE en aeropuertos representa una estrategia para mantener la presión sobre políticas de inmigración, mientras miles de empleados federales trabajan sin remuneración completa. La disputa entre partidos en el Congreso continúa sin resolución aparente, extendiendo la incertidumbre sobre el financiamiento del DHS y las operaciones de seguridad nacional.
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