Lima, 24 de marzo de 2026.- Ángelo Alfaro Lombardi presentó su renuncia al Ministerio de Energía y Minas de Perú este fin de semana, tras ser señalado públicamente por Jennifer Canani de haber cometido una violación en el año 2000. La salida del funcionario marca un nuevo episodio de inestabilidad en la administración del presidente José María Balcazar, convirtiéndose en el octavo ministro en abandonar el gabinete desde el inicio de su gestión.
La denuncia, hecha pública por Canani, refiere a hechos ocurridos hace 26 años en la ciudad de Pucallpa. Según el contexto de la acusación, en aquel entonces Alfaro Lombardi tenía 47 años y ocupaba un cargo gerencial en una empresa eléctrica, mientras que la denunciante cursaba el quinto de secundaria y tenía 16 años de edad. Se señala que los padres de Canani habrían sido contactados por el ahora exministro, quien prometió reconocer al niño producto de un embarazo si le permitían convivir con la joven.
Ante la difusión de las acusaciones, Ángelo Alfaro Lombardi optó por dejar su puesto en el Poder Ejecutivo. Aunque la investigación no detalla la hora exacta de la renuncia ni incluye declaraciones textuales del funcionario, su partida se produce en medio de versiones contradictorias: por un lado, la gravedad del delito sexual denunciado y, por otro, la postura de defensa del implicado que sugiere motivaciones económicas sin que exista hasta el momento una resolución judicial sobre el caso.
La información disponible no confirma si existen procesos judiciales abiertos o cerrados relacionados con los hechos de 2000, ni precisa la edad actual de Jennifer Canani o de su hijo. Tampoco se ha especificado el nombre de la empresa eléctrica donde laboraba Alfaro en la fecha de los supuestos hechos, datos que permanecen como información faltante en el reporte oficial.
Este evento se suma a la serie de salidos de altos funcionarios que han caracterizado al gobierno de José María Balcazar. La renuncia de Alfaro Lombardi ocurre sin que se haya registrado, hasta la fecha de este reporte, una reacción oficial detallada por parte del presidente o del resto del gabinete respecto a la naturaleza de la denuncia o la aceptación de la dimisión.
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