Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, consolidando un avance legislativo en materia de derechos sociales ocurrido el 24 de marzo de 2026. Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta críticas por la distribución de sus recursos, al haber cancelado donativos para becas universitarias en 2025 mientras destinaba fondos a eventos sindicales, y sus autoridades admiten que aún no se ha logrado la equidad real entre hombres y mujeres en el sistema judicial.
La aprobación de la reforma habitacional contó con el respaldo de una mayoría significativa en el pleno legislativo, superando las 95 votaciones en contra. Aunque la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz, estuvo involucrada en el proceso, la investigación no detalla declaraciones específicas de su autoría sobre el resultado. Este movimiento legislativo se suma a otros esfuerzos federales, como el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro, que contempla la construcción de 2,490 casas para beneficiar a familias en situación vulnerable.
En el ámbito judicial, surgieron contradicciones respecto al manejo del presupuesto de la SCJN durante el año 2025. Mientras el organismo canceló los donativos destinados a becas para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia alegando falta de fondos, en ese mismo periodo autorizó el destino de 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para la realización de eventos. Históricamente, entre 2021 y 2024, la Corte había destinado 10.2 millones de pesos para fines similares, y en 2024 realizó donaciones de 7 millones a la UNAM y 3.4 millones a la asociación de impartidores.
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, ha señalado que a pesar de los convenios firmados para fortalecer la justicia con perspectiva de género, en México aún no se ha alcanzado una equidad real entre hombres y mujeres. Esta afirmación contrasta con los datos que muestran avances numéricos, como en Quintana Roo, donde 62 de los 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres. No obstante, la autoridad judicial mantiene que las reformas legales no se han traducido completamente en igualdad sustantiva en la práctica diaria.
La dinámica política en materia de vivienda y justicia también tiene reflejo en los gobiernos locales. En la Ciudad de México, la Alcaldía La Magdalena Contreras, encabezada por Fernando Mercado Guaida, y el Congreso local, con participación de la diputada Diana Sánchez Barrios, interactúan con estas agendas federales. Asimismo, la Iglesia católica mexicana y la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlali Hernández Mora, son actores relevantes en el debate social que rodea estas modificaciones legislativas y acciones judiciales.
El contexto nacional muestra tensiones en la asignación de recursos públicos y en la implementación de derechos. Con más del 55% de la población ocupada trabajando en el sector informal, la garantía de una vivienda adecuada y el acceso a una justicia libre de discriminación se presentan como desafíos estructurales. Las acciones simultáneas en el Congreso de la Unión, la SCJN y los congresos estatales, como el de Aguascalientes, reflejan una agenda descentralizada pero coordinada en temas sociales clave.
A medida que avanza el año legislativo, quedan pendientes detalles específicos sobre las modificaciones rechazadas en lo particular durante la aprobación de la Ley de Vivienda, así como el monto exacto de los recursos afectados por la cancelación de las becas judiciales para 2026. La votación registrada el día anterior marca un precedente para la política social del sexenio, mientras el Poder Judicial busca reconciliar sus prioridades presupuestales con su discurso de equidad.
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