Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Tras 14 años de disputas entre el servicio de transporte por aplicación y el gremio de taxis concesionados, se anunció una alianza estratégica entre Uber y MxTaxi con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, la medida contrasta con la tensión vigente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), donde la Guardia Nacional mantiene operativos que resultan en la infracción diaria de un promedio de 20 vehículos de aplicación.
La integración permitirá a los usuarios solicitar taxis concesionados directamente desde la aplicación de Uber, aunque el acuerdo no convierte a los taxistas en socios conductores de la plataforma. Félix Olmos, director general de Uber México, y Erasto Vázquez, director de MxTaxi, encabezaron el anuncio de esta colaboración que busca unificar esfuerzos ante la llegada masiva de visitantes esperada para el torneo futbolístico, en el que Ciudad de México será sede junto con Guadalajara y Monterrey.
A pesar del anuncio de cooperación, persiste el conflicto en la terminal aérea. Conductores de aplicaciones continúan siendo detenidos e inspeccionados por elementos de la Guardia Nacional. Alexis Fernández, agente de la corporación, participa en los operativos que han derivado en la imposición de multas severas. Según datos recopilados, las sanciones ascienden a 500 UMA, lo que equivale aproximadamente a 60 mil pesos por infracción.
La situación refleja una contradicción en la operación del servicio: mientras la empresa afirma trabajar con el gobierno y operar en los aeropuertos, la realidad en el AICM muestra una aplicación estricta de la normativa por parte de las fuerzas federales. Esta dualidad genera incertidumbre entre los conductores, quienes enfrentan riesgos económicos significativos al prestar el servicio en la zona aeroportuaria.
El contexto de esta alianza se da en un momento crítico para la infraestructura de transporte de la ciudad. La preparación para el Mundial 2026 exige soluciones que reduzcan la fricción entre distintos modos de transporte. No obstante, la falta de claridad sobre la postura oficial completa de la Guardia Nacional o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) respecto a estos operativos mantiene latente el conflicto.
La medida busca poner fin a más de una década de confrontaciones, ofreciendo una opción legal y estructurada para los usuarios. Sin embargo, la eficacia de la alianza dependerá de能否 resolver las discrepancias operativas en puntos neurálgicos como el aeropuerto, donde la aplicación de la ley sigue generando tensiones con los proveedores de movilidad digital.
About The Author
