Nuevo México, 25 de marzo de 2026.- Un jurado condenó ayer a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, al pago de 375 millones de dólares por daños tras determinar que la empresa no protegió adecuadamente a los menores en sus plataformas frente a depredadores sexuales y ocultó hallazgos internos sobre los riesgos que sus productos representan para la salud mental infantil.
El veredicto, emitido el 24 de marzo de 2026, concluye un juicio de seis semanas celebrado en esta ciudad, donde se presentaron 40 testigos y cientos de documentos como evidencia. La fiscalía del estado de Nuevo México acusó a la tecnológica de violar las leyes estatales de prácticas desleales y de realizar declaraciones engañosas sobre la seguridad de sus aplicaciones.
Linda Singer, abogada que representó a la fiscalía, argumentó durante el proceso que los algoritmos de Meta dirigían a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes y que la compañía era consciente de los peligros sin actuar para mitigarlos. Aunque la fiscalía solicitaba una sanción que podría superar los 2,000 millones de dólares, el monto final de 375 millones fue considerado por las autoridades como un paso significativo en la rendición de cuentas de la industria tecnológica.
Tras conocerse la sentencia, un portavoz de Meta declaró que la empresa respetuosamente no está de acuerdo con el veredicto y tiene la intención de apelarlo. La compañía sostuvo que trabaja arduamente para mantener a las personas seguras en sus plataformas y reconoció la complejidad de identificar y eliminar a actores malintencionados, manteniendo su confianza en el historial de protección de adolescentes en internet.
Por su parte, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien demandó a Meta en 2023 tras una operación encubierta que expuso la vulnerabilidad de los menores, calificó el fallo como una victoria histórica para las familias que han sufrido las consecuencias de anteponer las ganancias a la seguridad infantil. El caso sienta un precedente legal relevante en medio de una ola de litigios similares en otros estados de Estados Unidos.
Se espera que el proceso continúe con una segunda fase, donde un juez determinará si la empresa debe implementar programas correctivos adicionales, mientras el debate sobre la regulación de las redes sociales y su impacto en la juventud cobra mayor fuerza en el ámbito legislativo y judicial.
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