Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 25 de marzo de 2026, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, estableciendo su aplicación con carácter retroactivo. La medida fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y cuenta con el respaldo mayoritario del oficialismo, aunque generó divisiones en la oposición y protestas fuera del Palacio Legislativo.
De acuerdo con lo aprobado, el monto máximo de las pensiones no podrá exceder la mitad de la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo federal. Cifras reportadas en el debate sitúan este límite en aproximadamente 70,000 pesos mensuales, tomando como referencia el salario de la mandataria. La reforma afecta directamente a beneficiarios de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
El dictamen excluye expresamente de este techo a las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. Durante la sesión, se incorporó lenguaje inclusivo en el texto del decreto, alineado con las modificaciones legislativas recientes del Congreso.
La votación mostró posturas divergentes entre los grupos parlamentarios. Mientras una fuente reporta una aprobación casi unánime con 458 votos a favor, otra versión de los hechos indica un resultado de 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, anunció que su bancada votaría a favor pese a sus reservas, señalando: “Nosotros estamos en contra de las pensiones doradas, pero Morena no está haciendo nada eficaz para eliminarlas”, y advirtiendo sobre omisiones relevantes en el dictamen.
Por su parte, la diputada Margarita Zavala criticó duramente la validez jurídica de la reforma, sosteniendo que viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Zavala argumentó que los legisladores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a los alcances reales de la modificación. Fuera del recinto, la aprobación avanzó entre protestas de jubilados de empresas públicas que intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir la conservación de sus derechos adquiridos.
Con esta aprobación en lo general, la iniciativa avanza en el proceso legislativo para su discusión en lo particular y su eventual turno al Senado, donde deberá ratificarse para integrar la Constitución. La aplicación retroactiva de la norma promete impactar los ingresos de miles de exfuncionarios que actualmente perciben montos superiores al nuevo límite establecido, desatando un debate jurídico sobre la seguridad jurídica de los contratos laborales pasados.
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