Una persona vota en las elecciones judiciales este domingo, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Un informe elaborado por la Fundación Konrad Adenauer México junto con organizaciones como México Evalúa, Juicio Justo y el Centro para la Investigación de Crímenes Atroces, criticó las deficiencias estructurales y la posible simulación en las elecciones judiciales realizadas en junio de 2025. El documento, titulado ‘Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico’, analiza la primera elección extraordinaria tras la reforma judicial de 2024 y destaca vacíos legales e interferencias en el proceso.
El estudio, coordinado por Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México, revela que la participación ciudadana alcanzó apenas el 13% del censo electoral, lo que equivale a cerca de 13 millones de personas. Las organizaciones firmantes del reporte de más de 200 páginas advierten sobre la improvisación en la organización del comicio y la falta de claridad en los mecanismos de orientación del voto conocidos como ‘acordeones’.
En cuanto a los resultados, el informe detalla que la totalidad de los jueces electos para la Suprema Corte de Justicia cuentan con el respaldo del Gobierno. Asimismo, se indica que el 65% de los magistrados federales y el 42% de los juzgadores federales elegidos también fueron apoyados por el Ejecutivo, lo que genera cuestionamientos sobre la independencia del nuevo Poder Judicial.
Las entidades participantes, entre ellas Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral, señalaron que estas cifras reflejan un escenario donde la competencia real fue limitada. El análisis pone énfasis en que la estructura del proceso electoral favoreció a candidatos alineados con la administración federal, dejando en duda la autonomía de los órganos impartidores de justicia.
El documento no identifica específicamente a las autoridades competentes responsables de la improvisación logística, pero mantiene que las fallas fueron sistémicas. La investigación subraya que la reforma implementada en 2024 sentó las bases para este esquema de selección, aunque no detalla los objetivos específicos de subordinación académica o administrativa más allá de lo observado en los resultados electorales.
Ante estos hallazgos, las organizaciones civiles hacen un llamado a revisar los marcos normativos que regirán futuras convocatorias. El balance crítico sirve como antecedente para el debate sobre la consolidación democrática del sistema de justicia en México, mientras se esperan respuestas institucionales sobre las irregularidades apuntadas en el estudio.
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