Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que limita las pensiones de extrabajadores de confianza en organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro. La decisión se tomó durante una sesión marcada por la tensión, luego de que grupos de pensionados intentaran irrumpir en el recinto de San Lázaro para oponerse al dictamen que busca reducir los montos considerados excesivos.
La modificación al artículo 127 de la Constitución tiene como objetivo establecer un tope máximo a las jubilaciones que superan el millón 107 mil pesos, cifras que algunos legisladores califican como privilegios injustificados. Aunque la investigación no detalla el conteo final de votos ni la hora exacta de la votación, se confirmó que el dictamen fue avalado por el pleno legislativo para aplicar un nuevo esquema de retiro que, según propuestas discutidas, podría bajar las percepciones hasta niveles cercanos a los 70 mil pesos mensuales.
Durante el debate, la diputada Lilia Aguilar Gil, identificada como integrante del Partido del Trabajo, defendió la iniciativa argumentando que las altas pensiones representan un privilegio corrupto que debe ser erradicado. La legisladora sostuvo que es necesario corregir los excesos cometidos en el pasado, donde se otorgaron beneficios desproporcionados que no reflejan la realidad laboral del resto de la población mexicana.
En contraste, sectores opositores dentro del mismo Congreso advirtieron sobre las implicaciones negativas de la medida. El diputado Fernando Torres Graciano expresó su preocupación señalando que la reforma podría afectar injustamente a personas con alta especialización y largos años de servicio al Estado. Por su parte, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que también manifestó reservas respecto al alcance de la normativa, aunque los detalles específicos de su intervención no fueron completamente registrados en las fuentes disponibles.
La controversia central radica en la naturaleza retroactiva de la reforma, la cual aplicaría no solo a futuras jubilaciones, sino también a aquellas ya otorgadas bajo esquemas anteriores. Los pensionados de Pemex y CFE que protestaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo acusaron que la medida violenta sus derechos adquiridos y el principio de irretroactividad de la ley, temiendo una reducción drástica en sus ingresos mensuales.
A pesar de las advertencias sobre posibles afectaciones a la certeza jurídica y los conflictos laborales que podrían derivarse, la mayoría de los legisladores presentes respaldó el cambio normativo. La aprobación de esta reforma representa uno de los ajustes fiscales más significativos propuestos por el gobierno federal para el ejercicio 2026, buscando equilibrar el gasto público en materia de pensiones.
Con la validación en la Cámara de Diputados, el proceso legislativo avanza hacia las siguientes etapas formales para su publicación y entrada en vigor. No obstante, la falta de consenso total sugiere que la implementación del nuevo límite podría enfrentar desafíos legales por parte de los sindicatos y los trabajadores afectados que consideran vulnerados sus contratos colectivos y derechos constitucionales.
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