Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con el objetivo de modificar y derogar diversas disposiciones para agilizar los procesos judiciales. La votación en lo general contó con 363 sufragios a favor, 64 en contra y 25 abstenciones.
En la discusión en lo particular, el dictamen fue avalado con 328 votos a favor y 119 en contra. Las fuentes periodísticas difieren ligeramente en el registro de abstenciones para esta etapa: mientras un medio reporta cero abstenciones, otro omite mencionar dicho dato, aunque coincide en los votos positivos y negativos.
Entre los cambios destacados se encuentra la implementación de un plazo máximo de seis meses para resolver casos en la vía sumaria. Asimismo, se establecen tiempos límite para las actuaciones de los magistrados instructores y se fija un plazo común de cinco días para aquellas actuaciones del Tribunal que no cuenten con un término específico, buscando evitar dilaciones procesales.
La reforma también contempla la modernización de los procedimientos mediante la posibilidad de tramitar juicios de forma electrónica a través del Sistema de Justicia en Línea. Se actualizaron las referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se ajustaron los criterios para notificaciones, así como para los casos de atracción y recusación de magistrados.
Existe una discrepancia en la información disponible respecto a la cuantía para la procedencia de la vía sumaria. Una fuente indica que se incrementa de 15 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual e incorpora la impugnación de resoluciones sobre devoluciones de contribuciones. Por su parte, otra publicación señala que el límite se establece en resoluciones cuyo importe no exceda de 15 veces la UMA anual.
Adicionalmente, se adicionaron supuestos para negar la suspensión del acto impugnado cuando este afecte el interés social o contravenga disposiciones de orden público, aplicable en casos de actividades sin autorización o conductas ilícitas. La minuta, que incluye ajustes de lenguaje incluyente, fue recibida previamente del Senado de la República.
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