Los Ángeles, 31 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump se han registrado 14 muertes de ciudadanos mexicanos en centros de detención migratoria gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ante este escenario, el Gobierno mexicano anunció que agotará todas las vías legales y diplomáticas para exhibir lo que calificó como una crisis de derechos humanos, luego de confirmarse la muerte más reciente de un connacional el pasado 25 de marzo.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que su administración se sumará como amicus curiae en la demanda colectiva L.T. Mesrobian, presentada por la organización Public Counsel en Los Ángeles contra el centro de detención de Adelanto, California. Esta figura jurídica permitirá a México intervenir en el caso para aportar argumentos sobre condiciones que considera violatorias, incluyendo atención médica deficiente, aislamiento punitivo y falta de acceso a servicios básicos. “Se presentará una audiencia temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre personas fallecidas en centros de detención, de la demanda, vamos a dar todos los datos”, afirmó la mandataria.
Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería, calificó la situación como “inaceptable” durante una conferencia de prensa realizada el 30 de marzo en el Consulado de México en Los Ángeles. En dicho centro, gestionado por la empresa privada GEO Group pero bajo responsabilidad jurídica del ICE, se han registrado al menos tres fallecimientos recientes, incluido el de José Ramos-Solano, quien fue hallado inconsciente por personal de seguridad y declarado muerto posteriormente en un hospital. Aunque se reportan complicaciones médicas, la causa legal de las muertes no se ha establecido oficialmente.
La estrategia diplomática incluye el envío de cartas de protesta a legisladores federales de Estados Unidos, al fiscal de California, Rob Bonta, y al gobernador Gavin Newsom, exigiendo investigaciones exhaustivas. Además, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, abordará el tema este martes con el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson. También se tiene prevista una carta de la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, a su contraparte estadounidense. El gobierno planea sostener reuniones en Los Ángeles con familias de las víctimas y organizaciones como la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes para detonar apoyo comunitario.
De las 14 muertes registradas bajo custodia del ICE en este periodo, cinco ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, y una en cada uno de los estados de Texas, Florida, Missouri y otra entidad no detallada. Mientras el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. rechazó las acusaciones afirmando que los estándares son adecuados y que se brindó atención de emergencia, fuentes mexicanas señalan un nulo flujo de información y dificultades para la ayuda consular en zonas rurales como Adelanto, donde el 50% de los detenidos son connacionales con más de 10 años de residencia en ese país.
Paralelamente, en un caso distinto en Florida, una jueza federal ordenó garantizar el acceso a abogados para los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, tras certificar una demanda colectiva que acusa al ICE de violar el derecho a la defensa mediante restricciones en llamadas y visitas. Corene Kendrick, de la Unión Americana de Libertades Civiles, señaló que “el acceso a asesoría legal es un derecho constitucional —no un privilegio— para todas las personas en este país”. Testimonios de detenidos revelan que las llamadas se caían o eran grabadas, impidiendo la comunicación confidencial con sus representantes legales.
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