Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió y ordenó la liberación de Javier ‘N’, el único detenido por el asesinato del líder opositor Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. La decisión, tomada el viernes 13 de marzo tras una audiencia iniciada en febrero, se basó en la falta de pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). La comunidad indígena de Amilcingo denuncia una investigación plagada de irregularidades, incluyendo la fabricación de culpables y la desaparición de testigos.
El abogado defensor, Víctor Hernández Vega, confirmó la liberación de su cliente tras el fallo absolutorio. Según reportes, el juez determinó que las pruebas aportadas por la fiscalía eran insuficientes para sostener la acusación. El caso se ha visto empañado por graves señalamientos: de los tres testigos inicialmente presentados por la FGE, dos han fallecido y el tercero se encuentra desaparecido, lo que ha imposibilitado el avance de la investigación y alimentado las sospechas de un encubrimiento.
La comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, ha alzado la voz para denunciar lo que califica como una investigación “a modo”. Los pobladores acusan a las autoridades, específicamente a la gestión del entonces fiscal Uriel Carmona, de fabricar detenciones, sembrar pruebas y manipular declaraciones para cerrar el caso sin llegar a los verdaderos responsables intelectuales y materiales del crimen.
Samir Flores Soberanes, reconocido líder comunitario, fue asesinado a tiros la mañana del 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio. Era una voz prominente en la oposición al Proyecto Integral Morelos, específicamente a la construcción de la termoeléctrica de Huexca. Su asesinato ocurrió un día antes de una consulta pública sobre el proyecto, generando una conmoción nacional e internacional y poniendo en evidencia los riesgos que enfrentan los defensores del territorio y el medio ambiente en México.
Con la absolución del único imputado, el caso queda en un punto muerto legal. La comunidad exige que se reinicie una investigación real, independiente y transparente que esclarezca el crimen y sancione a todos los involucrados, incluyendo la posible investigación de irregularidades cometidas por los servidores públicos a cargo del caso. Este fallo judicial representa un nuevo revés en la búsqueda de justicia para un crimen que se ha convertido en símbolo de la impunidad que rodea los ataques contra defensores de derechos humanos y ambientales en el país.
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