Tijuana, 09 de junio de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) advirtió que los traslados sin consentimiento a centros de rehabilitación podrían constituir una privación ilegal de la libertad. Jorge Álvaro Ochoa, presidente del organismo, afirmó que “ahora la gente se tiene que cuidar de la policía por una detención arbitraria y también de las personas que están deteniendo en nombre de Jesús o Dios”.
La comisión dio seguimiento al caso de Karime, una mujer transgénero que fue “levantada” y anexada por personal de la Clínica Jireh, hecho documentado en un video difundido en redes sociales. Tras hacerse públicos los materiales, la CEDHBC abrió un expediente debido a la posible afectación a su integridad y emitió medidas cautelares en menos de 24 horas para salvaguardar sus derechos.
Ochoa sostuvo que cuando una persona es trasladada sin su consentimiento podría configurarse el delito de privación ilegal de la libertad. “Cuando vemos esos videos, se presume que estamos ante un delito de privación ilegal de la libertad. Cuando una persona no quiere ir a un lado, cuando no otorga su consentimiento, se encuadra perfectamente que lo están privando de su libertad”, declaró.
El titular de la CEDHBC explicó que la normativa federal contempla internamientos voluntarios, involuntarios y obligatorios, cada uno con procedimientos específicos. Para un internamiento involuntario, indicó que debe existir un certificado médico que establezca una adicción y el consentimiento de padres, madres o tutores. “El internamiento involuntario es cuando la persona no quiere ingresar, pero previamente debe existir un certificado médico que establezca una adicción y también el consentimiento de padres, madres o tutores”, detalló, agregando: “No puedes empezar introduciéndolo y luego ir a pedir autorización”.
En cuanto a los internamientos obligatorios, se requiere una orden de autoridad y seguir el procedimiento correspondiente. La comisión ha brindado acompañamiento a personas que denunciaron haber sido internadas sin su consentimiento o sufrir violencia dentro de estos centros, apoyándolas para presentar denuncias ante el Ministerio Público. Ochoa mencionó que “llegó una víctima hace poco más de un mes y medio que manifestó haber estado internada en este lugar y haber sufrido violencia en su contra. Se abrió un folio y se le dio acompañamiento ante el Ministerio Público para presentar la denuncia”.
Actualmente, la CEDHBC está pidiendo información a las autoridades y realizó una reunión con funcionarios estatales para llevar a cabo capacitaciones dirigidas a los centros de rehabilitación. Jorge Álvaro Ochoa consideró “extraño” que este tipo de hechos ocurran en espacios públicos sin la presencia de autoridades, particularmente cuando existen antecedentes de detenciones similares.
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