Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B aceleró su trámite legislativo este miércoles en la Ciudad de México, tras confirmarse el respaldo de 13 de los 14 senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la iniciativa promovida por el bloque oficialista. Con esta alianza, las fuerzas proponentes aseguran alcanzar el 80% de las votaciones necesarias en el Senado para aprobar los cambios que incluyen la reducción del gasto público electoral y la habilitación de un proceso de revocación de mandato para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027.
Manuel Velasco Coello, líder senatorial del PVEM, confirmó la postura de su fracción durante la sesión ordinaria, destacando que la decisión responde a una evaluación de conveniencia política y estabilidad institucional. La coordinación entre Morena y el partido verde fue clave para desbloquear los puntos de mayor controversia, específicamente aquellos relacionados con los límites de presupuesto para los congresos locales, que se fijarán en 0.7% del gasto estatal, y la reestructuración de los ayuntamientos mediante la reducción del número de regidores.
En paralelo a la discusión del paquete electoral, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyas carteras quedaron vacantes tras críticas del oficialismo a los titulares nombrados en 2017 bajo acuerdos del PRI, PAN y PRD. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, indicó que ambas iniciativas avanzan de manera sincronizada para garantizar la certeza jurídica de los comicios futuros y la renovación de los órganos electorales antes del cierre del periodo legislativo actual.
El núcleo central de la reforma permite que la revocación de mandato se pueda ejercer durante los años 2027 y 2028, estableciendo un mecanismo donde el titular del Ejecutivo federal podrá pronunciarse formalmente sobre el proceso. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, enfatizó que este punto es fundamental para consolidar la democracia directa, aunque oposición como el PAN, representada por Elías Lixa, ha cuestionado la viabilidad técnica y los tiempos de implementación de dicha medida.
La estrategia legislativa tiene repercusiones inmediatas en las entidades federativas. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, anunció que presentará una iniciativa local para armonizar la legislación de su estado con los nuevos preceptos del Plan B, marcando la tendencia que se espera replique en otras administraciones estatales alineadas con el gobierno federal. La aprobación final en el Senado se espera en los próximos días, pendiente de la votación en lo general y lo particular de los artículos transitorios.
Este avance legislativo ocurre en un contexto de tensión política donde el gobierno busca optimizar recursos y fortalecer su base de apoyo de cara al sexenio en curso. La cifra de ahorros administrativos que generaría la reforma aún no ha sido detallada oficialmente por la Secretaría de Hacienda, pero se estima que la reducción de cargos de elección popular y la contención del gasto en organismos locales tendrá un impacto significativo en las finanzas públicas subnacionales.
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