marzo 20, 2026
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Por Redacción

Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición integrada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó este jueves una demanda legal contra la administración de Donald Trump. La acción judicial responde a la decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de revocar las limitaciones establecidas para los gases de efecto invernadero, una medida que los demandantes califican como ilegal y contraria a la evidencia científica.

El litigio fue interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En su escrito, la coalición argumenta que la EPA actuó fuera de la ley al eliminar una conclusión científica emitida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Los demandantes sostienen que esta revocación, ejecutada en febrero de 2026, se realiza en contra del consenso científico existente.

La movilización legal de estas entidades subnacionales busca frenar los efectos de la política ambiental impulsada por el gobierno federal desde el inicio de su gestión en 2025. La investigación indica que esta nueva demanda se sumará a una acción legal previa iniciada por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado los fundamentos técnicos y jurídicos de la decisión de la agencia ambiental.

Aunque la investigación no detalla la lista específica de los estados, ciudades y condados que conforman la coalición, ni menciona los nombres concretos de las organizaciones ambientalistas involucradas, la cifra de 24 estados refleja una oposición significativa a nivel territorial frente a las directrices de Washington. La disputa legal pone en el centro del debate la validez de los estudios científicos que han guiado la regulación climática durante más de una década.

Con la presentación de este recurso, el sistema judicial estadounidense deberá dirimir si la administración Trump tiene la facultad administrativa para desechar dictámenes previos sobre el impacto climático sin una base técnica sólida. El caso promete ser un referente en la batalla jurídica entre los gobiernos locales y federales respecto a la protección ambiental y la salud pública en el país norteamericano.

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