Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia que determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, hechos ocurridos en el estado de Veracruz. La decisión, notificada este día, involucra a la Secretaría de Gobernación como parte del proceso de cumplimiento y marca un precedente en la aplicación de perspectiva de género e interseccionalidad en casos de justicia.
El tribunal regional encontró vulneraciones al derecho a la vida y a la salud de la víctima indígena, así como fallas en las garantías y protección judicial por parte de las autoridades mexicanas. La investigación del caso original señaló denuncias de agresión sexual perpetrada por elementos del Ejército, lo que derivó en la muerte de Ascencio y la posterior impunidad durante años.
Además de los daños directos a la víctima, la sentencia considera la afectación a la integridad de los familiares de Ernestina Ascencio, reconociendo el sufrimiento prolongado por la falta de respuestas adecuadas del sistema de justicia. El Estado mexicano habrá de implementar medidas de reparación integral y acciones de no repetición, aunque los detalles específicos de dichas obligaciones serán definidos en los próximos comunicados oficiales de la Segob.
Este fallo subraya la necesidad de incorporar una perspectiva de género e interseccionalidad en el tratamiento de casos que involucran a mujeres indígenas y contextos de violencia militar. La CIDH ha instado al país a revisar sus protocolos de investigación para evitar que situaciones similares se repitan en comunidades vulnerables.
La emisión de esta sentencia coloca al gobierno federal ante el desafío de ejecutar las medidas ordenadas por el organismo internacional, lo cual incluye posibles disculpas públicas, indemnizaciones y reformas institucionales. La sociedad civil y organismos de derechos humanos mantendrán vigilancia sobre el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte en los próximos meses.