Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- Entre el primer día del segundo mandato de Donald Trump y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a casi 13,000 nacionales de terceros países, siendo los cubanos el grupo más numeroso con 4,353 personas en ese periodo. Paralelamente, el Gobierno de México reportó un total de 203,685 mexicanos repatriados desde el 20 de enero de 2025, de los cuales 164,444 ocurrieron por vía terrestre y 39,241 por vía aérea.
La situación en los centros de detención estadounidenses ha generado controversia. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha comenzado a ocultar detalles sobre la muerte de migrantes en sus instalaciones, donde en 2026 se han registrado al menos cuatro fallecimientos. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que envió un fuerte mensaje al gobierno de EU pidiendo aclarar y prevenir las muertes de migrantes mexicanos en sus centros, señalando que van 15.
Ante estas cifras, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la dirección de Markwayne Mullin, defendió las condiciones carcelarias asegurando que “a todos los detenidos se les provee de comidas adecuadas, agua, atención médica y tienen la oportunidad de comunicarse con su familia y abogados”, añadiendo que dichos centros “tienen estándares más altos que la mayoría de las prisiones en EU que sí tienen a ciudadanos”.
En contraste con la postura oficial estadounidense, la secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, declaró que “es bajo el número todavía de personas que están siendo repartidas”, afirmando que “estamos muy contentos con ‘México te abraza'” y que “siempre los paisanos cuentan con el apoyo de su Gobierno”. México cuenta actualmente con ocho centros de atención para repatriados en Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Tabasco y Chiapas.
El impacto de las políticas migratorias ha llegado a comunidades en Estados Unidos, donde el desfile y las fiestas tradicionales del Cinco de Mayo en el barrio mexicano La Villita, de Chicago, fueron suspendidos por segundo año consecutivo. Organizadores de la Cámara de Comercio explicaron que “la comunidad tiene miedo y sigue evitando las reuniones públicas” debido al “incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas”, sentenciando que “no hay nada que celebrar” aunque mantienen la esperanza de que las condiciones mejoren.
Simultáneamente, la agencia migratoria enfrenta una crisis presupuestaria. El DHS está cerrado desde hace dos meses por la falta de un acuerdo bipartidista en el Congreso. Markwayne Mullin advirtió que no habrá dinero para pagar a los empleados federales en la primera semana de mayo de 2026 si no se llega a un acuerdo, noting que las nóminas ascienden a 1,600 millones de dólares. Aunque el presidente Trump firmó una orden ejecutiva a finales de marzo autorizando el uso de fondos de emergencia, Mullin alertó: “El dinero se está agotando a una velocidad vertiginosa”.
Sobre la disponibilidad futura de recursos, el secretario del DHS precisó: “Una vez que hayamos superado el mes de abril… solo me quedará una nómina por cubrir y no habrá más fondos de emergencia; por lo tanto, el presidente no podrá emitir otra orden ejecutiva para que utilicemos dinero, ya que no quedarán dinero disponible”. En marzo de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense reconoció ante un tribunal federal la existencia de un “acuerdo vigente (no escrito)” con México para facilitar estas deportaciones.
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