Monterrey, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía de Justicia de Nuevo León desmanteló una red de extorsión digital conocida como ‘La Tía Paty’, que operaba en la zona metropolitana de Monterrey, incluyendo San Pedro Garza García. Como resultado del operativo realizado el 26 de marzo de 2026, fueron detenidos Astrid ‘N’ y César ‘N’, quienes enfrentan cargos por suplantación de profesión e identidad, además de extorsión.
De acuerdo con la información recabada por las autoridades, esta comunidad en redes sociales, que inicialmente se dedicaba a difundir chismes sobre figuras públicas, migró sus operaciones hacia plataformas como Telegram y amplió su espectro de víctimas para incluir a emprendedores, dueños de negocios y ciudadanos comunes. El modus operandi consistía en publicar contenido difamatorio y posteriormente exigir pagos para retirarlo.
Las cifras manejadas en la investigación indican que los montos solicitados por eliminar las publicaciones podían ascender hasta 500 mil pesos. Asimismo, se reportaba el cobro de una suscripción de 300 pesos para acceder al contenido del grupo. La evolución del esquema pasó de ser un portal de rumores a convertirse en un mecanismo de lucro ilícito mediante la amenaza de daño a la reputación de las víctimas.
Las fuentes consultadas señalan que los detenidos tienen historiales delictivos previos o enfrentan ahora acusaciones formales relacionadas con la suplantación de identidad y profesión, aunque existen discrepancias en los reportes sobre si estos antecedentes son parte de su pasado criminal o constituyen los cargos específicos de la presente operación. La Fiscalía del Estado no ha emitido un comunicado detallado que resuelva estas contradicciones ni ha proporcionado nombres completos de los implicados, manteniendo la reserva legal sobre sus identidades.
Con estas detenciones, la autoridad busca frenar las actividades de este grupo que aprovechaba el anonimato y la viralidad de las redes sociales para cometer delitos de alto impacto en la entidad. La investigación continúa para determinar el número total de víctimas afectadas y la cantidad exacta de dinero obtenido ilegalmente por la red antes de su desarticulación.
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