Ciudad de Mexico, 27 de mayo de 2026.- Las labores de búsqueda para localizar a siete hombres desaparecidos en la comunidad de Apanguito, municipio de Atenango del Río, Guerrero, continúan con la participación de 250 agentes de seguridad de los tres órdenes de Gobierno. Emmanuel Guevara Cárdenas, presidente municipal de Atenango del Río, confirmó que “las labores de búsqueda para localizar a los siete hombres desaparecidos en la comunidad de Apanguito, municipio de Atenango del Río, en la zona Norte de Guerrero, continúan con la participación de 250 agentes de seguridad de los tres órdenes de Gobierno”.
Los desaparecidos fueron identificados como Asunción Bello Escamilla, de 41 años; Diego Bello Agustín, de 19 años; Valente Bello Agustín, de 18 años; Mario Bello Escamilla, de 57 años; Sebastián Riquelme Escamilla, de 23 años; Cristóbal Pineda, de 40 años y Eriberto Pineda, de 38 años. El 22 de abril de 2026 se cumplieron cinco días desde su desaparición.
En Michoacán, fueron vinculados a proceso dos exfuncionarios y tres policías durante la gestión del exgobernador Silvano Aureoles por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura en el caso Arantepacua. Los implicados son Jorge N., exdirector de Tránsito; Juan Carlos N, quien fuera titular de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público; así como Azael, Bulmaro y Marco Antonio N. La audiencia de vinculación a proceso se prolongó por 34 horas y se celebró de forma privada.
Estos procesos judiciales ocurren en un contexto de violencia en la entidad, donde el 15 de abril de 2026 se reportó la muerte de Jesús Espinoza Rochín, médico y presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, mientras recibía atención médica en un hospital de Uruapan. Posteriormente, el 17 de abril de 2026, fuerzas federales realizaron cateos simultáneos en al menos seis domicilios en Uruapan, incluyendo una vivienda en la colonia México propiedad del exalcalde Ignacio Campos. En el operativo participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Asimismo, en el ámbito de la seguridad pública federal, autoridades informaron el desmantelamiento de una red dedicada al robo y comercialización de hidrocarburo en la zona centro del país. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la detención de siete personas en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo. La red era liderada por Mauricio N., alias ‘el Burras’, junto a Joaquín Arturo N. (‘Coquis’), Mejía N., Julio N., César N. (‘Pingüino’), Jorge N. y Mauricio N. (‘Pepón’).
Derivado de las acciones, en 10 inmuebles de Hidalgo y 10 del Estado de México se aseguraron más de 101 mil litros de gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, 12 vehículos sedán, 10 camionetas, una cuatrimoto, tres motocicletas, equipo tecnológico y alrededor de medio millón de pesos en efectivo. Al respecto, García Harfuch señaló: “Estas acciones también derivaron en el aseguramiento de hidrocarburo, vehículos, armamento, recursos económicos y equipos de extracción y distribución, afectando de manera directa sus capacidades operativas y financieras”.
Por otro lado, el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en agravio de la periodista Dalia Villegas Moreno. Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre en Palacio de Gobierno, cuando la comunicadora cubría una intervención policial durante una protesta. La audiencia concluyó alrededor de las 4:19 horas de un jueves en el Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, tras prolongarse cerca de 11 horas.
El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, la cual deberá cerrarse el 16 de junio. La autoridad judicial únicamente consideró acreditado el abuso de autoridad, descartando los delitos de intimidación y robo calificado. Se determinó que no se acreditó el elemento del ‘ánimo de apropiación’ del teléfono celular de la periodista, aunque le fue arrebatado, y el delito de intimidación fue desestimado al no probarse que recababa evidencia para presentar una denuncia. No obstante, el juez señaló que sí se configuró el abuso de autoridad al registrarse actos de violencia y vejación sin justificación legal, imponiendo como medida cautelar la prohibición de acercarse a la víctima.
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