Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes 20 de julio de 2026 a las 2:15 de la tarde al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La orden de aprehensión fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien también giró instrucciones contra 24 personas más, entre ellas Carlos Xavier Treviño Sepúlveda. Previamente, el 22 de junio de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez había negado la solicitud de la FGR. Los delitos imputados son delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio de 2026 a las 22:00 horas mediante videoconferencia ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, aunque otros reportes indican que duró 40 horas. Durante la diligencia, la jueza Ramírez de la Vega concluyó que la participación de Ruffo Appel “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
Como resultado, se dictó prisión preventiva para Ruffo Appel y sus coacusados. Otros imputados tuvieron destinos distintos: José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La defensa de los detenidos se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica el martes 21 de julio de 2026.
La investigación tiene su origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. La FGR ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada al caso. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, causando una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos; otras fuentes cifran el daño en 4,456 millones de pesos.
Ante las detenciones, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política. “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, declaró, añadiendo que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La detención generó reacciones diversas. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”, exigencia que reiteró basándose en el artículo 20 constitucional.
El Partido Acción Nacional (PAN) exigió legalidad y debido proceso, señalando que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce”. Asimismo, la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso refleja una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
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