Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- El diario El País entregó en el Vaticano un informe con 21 testimonios que acusan a 24 sacerdotes, religiosos y laicos de ocho países de pederastia en América. El documento incluye casos en Colombia, Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela, siendo Colombia el país que acapara más de la mitad de los casos con un total de 13.
En México, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó el inicio de cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito cometidos en agravio de menores al interior del Colegio Carrusel Magone. Las pesquisas fueron atraídas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
Simultáneamente, la Cancillería de la Federación Rusa convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, para reiterar su preocupación por la presunta retención ilegal de la joven rusa Kristina Románova, de 17 años, en instalaciones del DIFEM en Toluca. La menor fue retirada de sus clases en el Instituto Educativo España por personal del DIFEM ante la detección de posibles riesgos de violencia familiar y la denuncia de un presunto abuso sexual cometido en diciembre de 2021.
En el ámbito de fraudes, El Refugio Franciscano denunció presuntas irregularidades en el manejo de más de 200 millones de pesos por parte de Carmela Rivero y abogados vinculados a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., exigiendo su remoción del patronato. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) negó que exista alguna orden para devolver los animales asegurados a dicho refugio, señalando que la decisión corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que mantiene la investigación por delitos ambientales. Fernando García Juárez, abogado de la fundación, declaró que “ahora es la Sedema la que reconoce ante el juez que los seres sintientes no regresarán a un entorno considerado insalubre y peligroso conforme a dictámenes periciales”.
Por otro lado, en Nuevo León, Liliana Leal y alrededor de dos mil personas fueron afectadas por la familia Lobatón mediante su empresa Proyectos9 por más de 11 mil millones de pesos. Raymundo Ramírez Pompa, abogado de las víctimas, denunció una “evidente relación directa de encubrimiento y protección a los Lobatón por parte de la fiscalía” y calificó el caso como un “fraude monumental de proporciones sin precedentes”, añadiendo que “se trata de un esquema Ponzi, un fraude piramidal”.
Internacionalmente, el FBI informó que “rescató” a un menor estadounidense de 10 años en Cuba, quien supuestamente fue trasladado por una de sus madres, una mujer transgénero, y su pareja, en un caso investigado como “secuestro parental”. Las autoridades detuvieron a la mujer y a su pareja en Cuba con ayuda de sus pares locales, y el FBI envió un avión para trasladar al menor a EE.UU. y entregarlo a su otra madre.
Asimismo, en California, Alfiya Zuckerman, Ruben Tamrazian y Vahe Muradkhanyan fueron condenados a 180 días de cárcel y dos años de libertad condicional supervisada por fraude al seguro. Los condenados fingieron ataques de oso a vehículos de alta gama utilizando un disfraz de oso; Zuckerman deberá pagar 55,360 dólares y Tamrazian regresar 52,268 dólares por concepto de restitución.
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