Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el objetivo es contar con un marco legal único que permita a todas las fiscalías del país acabar con la impunidad y desarrollar políticas efectivas de prevención.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. La propuesta establece una pena de prisión de 40 a 70 años para este delito, sanciona la tentativa e incluye 21 agravantes. La iniciativa busca homologar el tipo penal en todo el territorio nacional para evitar discrepancias en las sentencias y la clasificación de los crímenes.
Un punto central de la reforma es la obligación de que todas las fiscalías investiguen las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio, aplicando una perspectiva de género. Esta medida pretende evitar que casos sean erróneamente clasificados como suicidios u otros delitos, asegurando que se consideren las razones de género desde el inicio de las indagatorias.
El anuncio se da en un contexto de violencia persistente contra las mujeres. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. Los estados con mayor concentración de estos delitos son Sinaloa, con ocho casos; seguido de la Ciudad de México y el Estado de México, con cuatro registros cada uno, así como Tamaulipas con cuatro.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, manifestó su apoyo total a la iniciativa legislativa. El legislador aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre esta intención y confirmó que la bancada de su partido respaldará sin duda el dictamen una vez que sea turnado a las cámaras.
La propuesta llega tras casos que han generado amplia reacción social, como la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de 18 años en Morelos. Con esta ley reglamentaria avanzada, el gobierno federal busca estandarizar los protocolos de actuación y garantizar que la justicia se aplique con criterios uniformes en las 32 entidades federativas.
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