Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República registró un estancamiento este martes, tras la postergación de la dictaminación del dictamen debido a la falta de consenso con el Partido del Trabajo (PT) y la incertidumbre sobre la votación en el pleno. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca modificar cuatro artículos constitucionales en materia electoral y de austeridad republicana, pero enfrenta resistencias clave que han obligado a replantear los tiempos legislativos.
Contradicciones en el avance del proceso marcaron la jornada. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció inicialmente que el dictamen estaría listo para el 24 de marzo, fuentes parlamentarias confirmaron que la discusión fue desplazada hasta después de la Semana Santa. El obstáculo principal radica en la oposición del PT a establecer la revocación de mandato presidencial para junio de 2027, fecha que coincidiría con las elecciones legislativas y que, según los laboristas, beneficiaría electoralmente a Morena.
La incertidumbre sobre los votos necesarios para aprobar la reforma fue evidenciada por divergencias dentro de la propia mayoría. Óscar Cantón Zetina afirmó que Morena cuenta con el respaldo suficiente en las comisiones para avanzar, mientras que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es consciente de que podrían no alcanzar los votos requeridos en el Congreso si no se logran acuerdos previos. Esta discrepancia refleja la complejidad para unir a la coalición gobernante en un tema sensible.
En medio del debate legislativo, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— emitieron un posicionamiento para desmentir la autoría de un documento crítico sobre el Plan B que circulaba en versiones extraoficiales. Los consejeros aclararon que dicho análisis no proviene de la institución, buscando separar la postura técnica del organismo autónomo de las maniobras políticas en curso.
El contenido de la reforma incluye propuestas controvertidas más allá de la revocación de mandato. Entre los puntos centrales destaca la reducción del número de regidores y síndicos municipales, así como la imposición de un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales, medida que ha generado resistencia en diversos estados. La oposición integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ha solicitado formalmente retirar la iniciativa, argumentando que los cambios afectan la arquitectura democrática del país.
Ante el escenario de bloqueo, las negociaciones continúan sin un resultado concreto sobre la fecha de la consulta popular ni sobre el respaldo definitivo de los aliados. La postergación del dictamen extiende el periodo de incertidumbre sobre el futuro del sistema electoral mexicano, mientras los actores políticos intentan destrabar los puntos que mantienen paralizada la agenda constitucional en la Cámara de Senadores.
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