Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Ante la persistencia de casos de desaparición forzada e involuntaria en diversas entidades del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana se dará a conocer el registro actualizado de personas desaparecidas en México. El anuncio gubernamental ocurre en un contexto de exigencia por parte de familiares y colectivos que reportan falta de respuestas claras de las fiscalías locales, especialmente en casos recientes registrados en Baja California y la capital del país.
En el marco de estas movilizaciones, la reportera Itzel Cruz Alanís confirmó que Naomy Geraldine Rojas Cervantes fue localizada y ya se integra con su familia. Sin embargo, la incertidumbre prevalece para otros involucrados en situaciones similares. Adilene Martínez, esposa de Jesús Salvador Ramos Jaime, quien fue desaparecido, expresó su desesperación ante los hechos: “Somos personas honestas… no sé por qué me lo quitaron”.
La situación es crítica también en Baja California, donde existen al menos cinco colombianos desaparecidos. Arturo Mandujano, fiscal regional de Rosarito, proporcionó detalles sobre el caso de Eyder Andrés Marín Agudelo. La autoridad indicó que la víctima se comunicó con su expareja para informar que había tenido un percance y posteriormente que ya estaba mejor, pero después se perdió la comunicación. “Hay dos teléfonos: uno parece por la carretera Tijuana-Rosarito y el otro por la Rosarito-Ensenada”, detalló el funcionario sobre las últimas señales de localización.
Por otro lado, María de los Ángeles Rodríguez García, vocera del colectivo “Caso Pirasol”, mantiene la búsqueda de su hermano Rafael, uno de los dos choferes del autobús desaparecido hace 16 años. Este caso de larga data simboliza la lucha de las familias que, ante la inacción percibida, realizan búsquedas en vida, bloqueos carreteros y marchas para exigir justicia. A la fecha, más de 30 personas están vinculadas a este expediente.
Margarita Mora Hernández, madre de Heidi Shanik López Mora, criticó el desempeño de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. La familiar señaló que, a un mes de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado respuestas claras sobre las investigaciones. Su testimonio refleja el sentir de diversos grupos que acompañan las búsquedas junto a autoridades como la FGR y la Guardia Nacional en algunos estados, mientras en otros denuncian vacíos de información.
El gobierno federal, a través de la mandataria, ha comprometido la difusión de cifras oficiales mediante el nuevo registro nacional, una herramienta esperada por la sociedad civil para dimensionar la magnitud del problema. Mientras tanto, los colectivos continúan sus acciones de búsqueda en estados como Guerrero, Coahuila y Baja California Sur, donde la colaboración entre autoridades y familias varía según la región.
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