Peritos forenses trabajan en la excavación de una fosa clandestina en la zona de Las Agujas, en Zapopan (México). Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco
Teuchitlán, 14 de abril de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer avances en la investigación y acciones de búsqueda relacionadas con los hechos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco. De las líneas de investigación se desprende que el sitio era utilizado como un campo de adiestramiento operado por una organización criminal, identificado por autoridades federales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó que el 10 de abril de 2026 se realizó una visita al predio por parte de integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, contando con autorización judicial. Sobre esta diligencia, el funcionario señaló: “Durante la diligencia que referimos, se brindó información a las personas integrantes de los colectivos, quienes participaron en calidad de observadoras en las áreas previamente procesadas, sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios”.
La dependencia federal explicó que se cuenta con una técnica de cateo subsistente, donde equipos multidisciplinarios de peritos han procesado el predio ininterrumpidamente desde marzo de 2025, fecha en que se tuvo conocimiento de la operación del sitio por parte del grupo delictivo. Durante la visita reciente, una perita en antropología forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) explicó los avances en el procesamiento del lugar, mientras que agentes del Ministerio Público responsables de la carpeta de investigación proporcionaron detalles sobre las actuaciones realizadas.
Previamente, el 1 de abril de 2026, la FGR también realizó una visita al Rancho Izaguirre. Los indicios localizados en el sitio continúan en análisis por parte del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).
Antecedentes de la investigación indican que el 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores reportó haber identificado un presunto “campo de exterminio” tras hallar unos 1,800 indicios, entre zapatos, ropa y objetos personales. En marzo de 2026, el mismo colectivo denunció que, a un año del hallazgo, continuaban localizando restos humanos y prendas en las inmediaciones. El Gobierno de México ha indicado que el sitio habría funcionado como centro de reclutamiento y adiestramiento.
El caso se desarrolla en un contexto donde México supera las 133,000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
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